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REGÍSTRATE AQUÍUna tercera querella criminal enfrenta el empresario Álvaro Saieh (en la foto) y su núcleo familiar. Se trata de una acción judicial presentada por el abogado Sergio Rodríguez Oro, en representación de Exportadora Los Lirios, Comercial Asesorías e Inversiones Icalma, Jorge Del Puerto Saavedra, Violeta García Falabella, Cecilia Montes Matte y Arturo Claro Montes, entre otros.
Los antes mencionados, según se lee en la querella, eran acreedores (por más de US$ 5,9 millones) del bono que Corp Grp Banking emitió por US$ 500 millones y que cayó en default.
“La producción del perjuicio -que pasa precisamente por el vaciamiento patrimonial que irrevocablemente impidió hacer efectiva la obligación asumida por CGB-, tiene como antecedente precisamente las transacciones efectuadas por CGB (puesto que sus montos sumados comprometieron alrededor de un 40% de su patrimonio contable) que tuvieron por finalidad trasladar los activos de la compañía a sus relacionadas, en perjuicio de terceros (vaciamiento patrimonial)”, dice la querella.
La puerta que abrió MBI en la querella contra Álvaro Saieh
Anteriormente, el Grupo Indumotora, de la familia Avayú, presentó una acción judicial contra Saieh, reclamando perjuicios por US$ 7,9 millones.
La compañía de inversiones MBI también se querelló contra Saieh, acusando perjuicios por, al menos, alrededor de US$ 50 millones.
En su acción judicial, esta empresa afirma que “entre los años 2016 y 2020 el querellado dispuso que CGB ejecutara con sus relacionadas SAGA y GASA una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones de SAGA, todos los cuales son simulados, ya que la real voluntad del controlador fue sacar activos de CGB y en ningún caso adquirir las referidas acciones”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.