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Publicado: Lunes 11 de enero de 2021 a las 04:00 hrs.
Fue en 2003, cuando la viña francesa Barón Philippe de Rothschild puso su bandera en Chile con el objeto de producir en el país mostos de alta gama: uno de sus primeros fue el reconocido internacionalmente Almaviva. Una década después, la empresa lanzó una nueva apuesta llamada Anderra, para lo cual adquirió bajo un leasing con el Banco de Chile, 960 hectáreas de Viña Villavicencio, en la Región del Maule.
“No obstante la gran inversión que el leasing ha supuesto para nuestra representada, quien ha soportado durante siete años el pago de las correspondientes rentas, en la práctica se ha visto totalmente privada del uso y goce de los Derechos de Agua consistentes en 81 acciones del Canal Melozal”, señalaron los abogados de la viña en una demanda de rectificación del registro de la Comunidad Aguas Canal Melozal.
En su acción judicial, los expertos afirmaron que la comunidad de aguas ha negado la inscripción de las acciones sobre la base de un “grave error”, el que –afirmaron- permitió posteriores transferencias de acciones, generándose una duplicidad entre inscripciones de derechos de aprovechamiento de aguas propiamente tales, que son en la actualidad de propiedad del Banco de Chile y objeto del leasing, y otras que no amparan ni pueden amparar –dijeron- derecho de aprovechamiento de aguas alguno.
La viña presentó la acción judicial a fines de agosto del año pasado, y aún no son notificadas todas las partes involucradas.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.