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Por: Equipo DF
Publicado: Martes 22 de abril de 2008 a las 21:34 hrs.
Por cerca de dos horas se prolongó ayer el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y uno de los temas centrales del encuentro fue el conflicto que atraviesa Codelco.
Es que en la cúpula empresarial hay gran preocupación frente a la posibilidad de que este tipo de situaciones se traslade al sector privado. De ahí, que el presidente de la CPC y también timonel de la Sonami, Alfredo Ovalle, a la salida de la cita, fue categórico en señalar que espera que no “haya un contagio”.
Ahora bien, a su juicio “el sector minero en general está bien pagado, las empresas han cumplido absolutamente todo lo que han ofrecido, han dado bonos que son extraordinariamente grandes comparados con años anteriores, así que no debería haber problemas, pero por supuesto el peligro siempre está”. Esto, explicó el titular de la CPC, porque “el riesgo es que un pequeño grupo de personas estén creyendo que han triunfado en base a la violencia que emplean, y eso puede ser muy contagioso”.
Frente a este escenario, enfatizó en que “evidentemente, en ese caso, el gobierno tendrá que intervenir y poner las cosas en su lugar”.
Como medida de resguardo, dijo que es importante que “en las bases de licitación que tienen las distintas empresas se establezca claramente cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir los contratistas, con eso evitaríamos que en definitiva se recurra a la mandante y exista una relación directa entre trabajadores y su propia empresa”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.