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REGÍSTRATE AQUÍEl gobierno de Cristina Fernández ha corrido un poco más la cerca que deslinda la intervención del Estado en la actividad privada...
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 15 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
El gobierno de Cristina Fernández ha corrido un poco más la cerca que deslinda la intervención del Estado en la actividad privada.
En efecto, su decisión de levantar el límite de 5% a su participación en los directorios de las empresas en que tiene presencia (42 en total, a las cuales ingresó a resultas de la nacionalización del sistema de jubilaciones privadas en octubre de 2008), ha abierto un espacio de incertidumbre y polémica en la vecina nación.
Ayer, y muy en el estilo de no dejar pasar ningún reproche, inmediatamente el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió al paso y advirtió que la decisión no sólo se mantiene a firme, sino que además supone que el Estado no será un “socio bobo” en esas compañías.
El punto de fondo es qué se entiende por socio “no bobo”. Si significa, como ocurre con los inversionistas institucionales, como las AFP chilenas, que se nombrará directores profesionales e independientes que velen por el desempeño de la empresas, no habría problema. Pero si supone que el Estado, y en definitiva la autoridad política, avasallará a los legítimos accionistas e impondrá una agenda propia, se estaría vulnerando de manera grave el derecho a la propiedad.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.