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REGÍSTRATE AQUÍRevocó la contratación del estudio que había sido adjudicado a la empresa Cybertrust.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 4 de junio de 2019 a las 12:52 hrs.
A fines de abril la Superintendencia de Pensiones (SP) licitó públicamente un servicio de consultoría de seguridad de información y ciberseguridad a objeto de poder incluirlo en una futura normativa.
A mediados de mayo, adjudicó el proceso a la empresa Cybertrust, que por un monto de $ 47 millones ganó la licitación.
Hasta ahí todo marchaba bien. Sin embargo, uno de los competidores del proceso, la empresa M&T International Chile, presentó un reclamo en contra la adjudicación, argumentando que el regulador de pensiones había aplicado un "nuevo y equivocado" criterio de calificación, el cual no formaba parte de las bases administrativas.
Concretamente, la empresa cuestionó los criterios relacionados con la "experiencia específica de los oferentes, del jefe de proyecto y consultor senior".
La SP acogió el reclamo y comenzó a revisar el procedimiento de la licitación, otorgándole a Cibertrust la posibilidad de presentar su alegato correspondiente.
Tras analizar en profundidad el caso, el regulador emitió la Resolución Exenta N°1004, firmada por el superintendente, Osvaldo Macías, que dejó sin efecto la adjudicación a Cibertrust.
Consultada la SP por sobre el tema, confirmó la revocación de la licitación y señaló que "esta Superintendencia se encuentra reevaluando las ofertas técnicas presentadas en el marco de este proceso. La decisión se resolverá esta semana".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.