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REGÍSTRATE AQUÍPor: Valor Económico, Brasil.
Publicado: Martes 15 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Hay pocas dudas entre los asesores de Dilma Rousseff acerca de que el ministro de Hacienda en un posible segundo mandato continuará siendo la propia presidenta de Brasil. Guido Mantega dará paso a alguien que pueda recuperar algo de credibilidad con los empresarios e inversionistas, pero las decisiones importantes seguirán siendo exclusivas del palacio presidencial.
Esto significa que un posible segundo mandato del Partido de los Trabajadores continuará estimulando el consumo, financiando la política industrial y gastando en el sector social. “No hay marcha atrás”, se escucha en la campaña del PT.
El gran cambio esperado por aquellos que siguen los planes políticos de la mandataria es una mayor agresividad en las subvenciones. La presidenta estaría convencida de que el modelo da resultados más rápidos y mejores que la inversión pública directa. El ejemplo de la modernización de los aeropuertos es citado con frecuencia.
Cuestiones como los precios regulados, la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual, el futuro de las tasas de interés o el desempeño fiscal se consideran cíclicas y se esperará al calendario político. Las certezas en este momento son que no habrá “tarifazo” en 2015 o después de las elecciones y que el costo de reducir la inflación es muy alto y socialmente injusto.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.