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Por: Por Ed Zhang
Publicado: Viernes 22 de julio de 2011 a las 05:00 hrs.
El Consejo de Estado se comprometió a combatir una persistente fuente de embarazo para el gobierno central de Beijing: la proliferación de lujosas canchas de golf en un país que no tiene suficiente agua potable para su población.
La construcción de canchas de golf fue desautorizada por primera vez en 2004, y ha sido repetidamente prohibida desde entonces, casi diez veces.
Pero de las 600 canchas que existen en China, 400 se establecieron después de 2004, reportó el diario Xinmin Evening News. En una editorial, las calificaron como una vergüenza para el gobierno.
Algunas autoridades locales ya han sido reprendidas, según Li Jianqin, un personero del Ministerio de Tierras y Recursos, que forma parte del equipo del gobierno central que hace cumplir las leyes que tienen que ver con las canchas de golf a nivel nacional.
Los clubes sin aprobación también han tensado las relaciones entre el gobierno y los crecientes movimientos medioambientales, que han sido críticos de la moda del golf. Ma Jun, un líder ambientalista, dice que la existencia de estos no concuerda con la necesidad de ahorrar agua en la zona de sequía del norte del país.
Aparte del combate a los cursos de golf ilegales, las “medidas más rigurosas” prometidas por el gobierno apuntan a la protección de la tierra arable para contrarrestar una creciente tendencia a la desaparición y deterioro de los terrenos de cultivo.
El Consejo de Estado anunció que a partir de ahora y hasta 2005, se desarrollarán 26,67 millones de hectáreas de tierras cultivables irrigadas. La fecha tope, según reportes oficiales de los medios, era 2020.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.