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Publicado: Viernes 25 de marzo de 2011 a las 05:00 hrs.
Por Peter Smith en Sydney y William MacNamara en Londres
Canberra devolverá cualquier incremento en los royalties que las mineras deban pagar a los estados australianos, en medio de la inquietud de que los gobiernos en todo el mundo pueden no estar recibiendo una porción justa de su riqueza mineral.
Julia Gillard, primera ministra de Australia, intentó el año pasado poner fin a una disputa con las multinacionales mineras, incluyendo a Rio Tinto y BHP Billiton diluyendo un propuesto impuesto a las ganancias extraordinarias. Pero el tema de quién pagaría royalties más altos en estados como Australia Occidental, donde se extrae buena parte del mineral de hierro del mundo, sigue siendo un tema discutido. El gobierno laborista de minoría dijo el jueves que había aceptado las 98 recomendaciones de un grupo de expertos encabezado por Don Argus, ex presidente de BHP. Estas incluyen una provisión de que las mineras deben recibir créditos por “royalties actuales y futuros” cobrados por gobiernos estatales.
El gobierno de Gillard tendría que asegurar la aprobación parlamentaria para el disminuido Mineral Resource Rent Tax. La coalición opositora Liberal-Nacional dijo que votaría contra la propuesta. Bob Brown, lider de los Verdes, también criticó la decisión: “acrecienta los 100 mil millones de dólares australianos (US$ 102 mil millones) que dejarán de entrar en el erario público en los próximos diez años que deberían ir a hospitales, vivienda, defensa, escuelas”.
Las mineras celebraron la decisión. Peter Freyberg, jefe de las operaciones australianas de Xstrata, explicó que “el anuncio de hoy (...) es un paso hacia una mayor certidumbre para las empresas en relación con su impacto”.
La discusión en Australia es seguida de cerca por otros países ricos en materias primas decididos a aumentar su participación en las ganancias del lucrativo sector.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.