El gobierno boliviano parece estar preparando al público para otro intento de aumentar el límite de administraciones presidenciales consecutivas de dos a tres, para permitir que el presidente, Evo Morales, corra como candidato a un nuevo período presidencial en 2019, a pesar de ya estar en su segundo mandato. Esta propuesta fue derrotada por un escaso margen en febrero, cuando 51,4% de los bolivianos se manifestó contra ella en un referendo.
En la ausencia de una alternativa de liderazgo obvia al carismático Morales, el oficialista Movimiento al Socialismo ha estado buscando activamente una forma legítima de cambiar la Constitución y permitir al presidente competir en la próxima elección presidencial. La argumentación para hacer que se anulen las votaciones del referendo reciente es encabezada por movimientos sociales cercanamente afiliados con el gobierno y que promueven activamente la agenda política del oficialismo.
La propaganda gubernamental ha comenzado a intentar moldear la opinión pública a la idea de que el resultado de la consulta fue un falso negativo para Morales.
El raciocinio para un nuevo proceso se basa en la hipótiesis de que el apoyo al jefe de Estado fue injustamente dañado por una campaña sucia apoyada por la oposición en la previa de la votación, que dio vuelta al respaldo en su contra por un margen estrecho. Surgieron acusaciones de que el presidente tenía un hijo que mantenía en secreto y que una compañía extranjera representada por la madre de éste se había beneficiado injustamente de grandes contratos gubernamentales. Morales reconoció la relación pero negó que hubiera irregularidades.
El tema se mantiene bajo investigación, con varios de los involucrados ya arrestados. Sin embargo, la importancia de restar credibilidad a las acusaciones se ha vuelto capital para preparar el terreno para un segundo referendo, que, a su vez, podría perjudicar la imparcialidad de cualquier investigación. La oposición sostiene que la consulta es vinculante y no puede repetirse dentro de un mismo período presidencial. Sin embargo, las cláusulas en la Constitución sobre enmiendas parciales no excluyen explícitamente dicha posibilidad.
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