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REGÍSTRATE AQUÍMedida afecta a Bank of America y Banco de la Nación.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 22 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
Los argumentos del gobierno argentino fueron acogidos con escepticismo en la Corte Suprema de EEUU. El máximo tribunal está analizando los reclamos de los inversionistas que no concurrieron al canje de bonos para obligar a los bancos que operan con el gobierno trasandino a liberar la información sobre los activos de la Casa Rosada fuera de EEUU.
Tras escuchar las primeras presentaciones que comenzaron ayer, varios jueces, incluyendo a Antonin Scalia y a Sonia Sotomayor, sugirieron que los bancos podrían ser obligados a entregar los datos exigidos por los inversionistas. Scalia señaló que no ve ninguna razón de por qué una orden de un tribunal menor exigiendo la cooperación de los bancos no debería ser cumplida.
“No pienso que esto vaya más allá de los límites de lo que la ley permite revelar”, comentó Scalia.
NML Capital, una división de Elliott Management Corp., firma ligada al multimillonario gestor de hedge funds Paul Singer, está liderando a los inversionistas de bonos impagos en su esfuerzo para que Bank of America y el estatal Banco de la Nación Argentina entreguen información sobre las cuentas mantenidas por Argentina y cientos de sus autoridades en todo el mundo.
Un tribunal de Manhattan ya había ordenado a los bancos liberar esta información, sin embargo, la resolución fue combatida por el equipo jurídico del gobierno argentino que argumenta que el caso sentaría un peligroso precedente sobre la intervención en la soberanía de otros países, pero fue ratificada por una corte de apelaciones, llevando a las autoridades sudamericanas a recurrir al máximo tribunal.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.