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Publicado: Martes 9 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
Cinco de los once demandados por AFP Capital respondieron ayer a la acción judicial civil que la administradora presentó a fines del año pasado.
Julián Moreno, Pablo Alcalde, Pablo Fuenzalida, Nicolás Ramírez y PricewaterhouseCoopers respondieron la acción, presentando escritos contra la forma y fondo de acción de AFP Capital. En éstas objetan elementos de la acusación en su contra y la arquitectura de la misma.
Los otros seis demandados (Marta Bahamondes, María Isabel Farah, Martín González, Santiago Grage, e Ismael Tapia y Empresas La Polar) no presentaron contestaciones, haciendo uso -explican conocedores de estos trámites- de un derecho de no contestar, que implica que rechazan la demanda.
Desde ahora, el tribunal tiene un plazo de seis meses para admitir a prueba la causa.
El 31 de diciembre, AFP Capital presentó la acción indemnizatoria ante el 13° Juzgado Civil de Santiago, en la que imputa a Empresas La Polar negligencia para establecer contrapesos y filtros organizacionales idóneos y eficaces para que los administradores demandados no cometieran el fraude.
La acusación contra PwC radica en haber incumplido su obligación legal de auditar la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de La Polar y sus filiales.
Respecto de los nueve ex ejecutivos se mencionan diversas infracciones a las leyes de Sociedades Anónimas; del Mercado de Valores, y General de Bancos. Entre ellos mencionan entrega maliciosa de antecedentes falsos a la SVS, mercado o al público y uso de información privilegiada en transacciones de valores de oferta pública, entre otras.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.