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Publicado: Martes 21 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
Un duro cuestionamiento realizó ayer el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, a los cambios propuestos por el gobierno a la Ley de Cierre de Faenas Mineras, donde se propone modificar la definición del concepto “vida útil” de la operación, para solucionar un problema que se había creado con la ley promulgada en 2011 y que implicaba que las medianas mineras debieran constituir garantías que respaldan los costos del cierre, en un lapso de tiempo acotado.
Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Villarino dijo que encontraba positiva la iniciativa, porque era correcto guiarse por los recursos mineros para establecer la vida útil. “En general, la vida útil de una faena minera está muy vinculada con los recursos y no con las reservas, por lo tanto el criterio es adecuado”, dijo.
Pero, luego, Villarino criticó que este cambio fuera sólo para un grupo de empresas (que tengan capacidad de extracción de hasta 250 mil toneladas al mes) y no para todas. “No hay ningún argumento de carácter técnico -y esta es una norma eminentemente técnica- en esa línea. ¿Por qué no son 150 mil o 350 mil toneladas?... no existe ningún fundamento. El criterio es eminentemente arbitrario, discriminatorio e innecesario”, dijo el representante del Consejo Minero.
Villarino descartó que para la gran minería, utilizar recursos o reservas, dé lo mismo. Lo graficó con Codelco: la diferencia de utilizar uno u otro concepto, es de 1 a 3. “Es decir, si se aplica el criterio de reserva, tiene que constituir garantía de US$ 3 millones, y si es el de recursos, es de US$ 1 millón”, ejemplificó.
“Nos parece que es una discriminación odiosa que genera más incertidumbre hacia futuro, porque no se sabe cuántos más criterios discriminatorios se van a aplicar sin un fundamento técnico de fondo”, dijo el representante gremial, quien apoya que la modificación sea extensiva para todos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.