DOLAR
$994,00
UF
$41.252,94
S&P 500
7.580,95
FTSE 100
10.736,14
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
168.176,02
Dólar US
$994,00
Euro
$1.109,56
Real Bras.
$184,44
Peso Arg.
$0,65
Yuan
$149,39
Petr. Brent
113,43 US$/b
Petr. WTI
104,12 US$/b
Cobre
6,48 US$/lb
Oro
3.898,90 US$/oz
UF Hoy
$41.252,94
UTM
$72.151,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍUn punto clave es que hay que dejar de hablar de explotación de “litio”, sino que del “salar”, como un todo, apunta.
Por: Andrés Pozo B.
Publicado: Viernes 22 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.
A mitad de camino está el trabajo de la Comisión del Litio, tras dos meses de trabajo. El subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, explica que aunque falta por recorrer, están arribando a los primeros consensos en torno a la materia.
Uno de ellos es que existe interés por desarrollar esta industria, que a la vez debe generar un impacto positivo en el país y las comunidades aledañas a las áreas de explotación y, también, que se debe apostar por dar valor agregado a este metal.
Respecto a esto último, comenta que se ha desmitificado el abanico de posibilidades en torno a este producto. Esto, porque han entendido que el carbonato de litio que se obtiene en Chile no es básico, sino que tiene valor agregado respecto de su calidad y, por lo tanto, a los usos que se le pueden dar, razón por la cual, apunta, el camino lógico sería apostar a obtener mayores retornos.
Otro consenso es que se detectó una anomalía en la legislación vigente. Partiendo de la base que los salares son sistemas vulnerables que hay que proteger y manejar de manera sustentable, no se entiende bien que haya restricciones para explotar litio y no las haya para elementos como el potasio o el boro.
“Hay que plantear la explotación de estos minerales de manera integral. Por ejemplo, no se puede aprobar extracción de potasio, sin saber qué pasa con el resto del recurso o cómo se afecta la salmuera”, asegura Moreno.
El subsecretario -que ha participado activamente en las sesiones de la comisión- agrega que estos temas alumbrarán las definiciones que tomarán en las próximas semanas, para entregar un informe -idealmente de consenso- en noviembre. Aclara que si no hay unanimidad sobre algún punto, se reflejarán las distintas posturas. “El consenso no se impondrá”, ratifica.
Discusión abierta
Durante agosto trabajó dividida en cuatro grupos. En ese contexto ha recibido a más de 15 instancias que han querido mostrar su postura del tema. De partida SQM y Rockwood, que extraen el metal, pero también Jogmec (similar japonés de la Corfo, pero con más atribuciones).
Esto les ha permitido visualizar mejor el desarrollo del mercado. En ese sentido, aún hay dudas de la importancia del litio para los próximos 20 ó 30 años, porque en el desarrollo de la industria de, por ejemplo, los autos eléctricos, se está apostando por tecnología que, de prosperar, podría implicar una demanda de litio menos intensiva que la proyectada.
El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Rolando Humire, también expuso ante las mesas de trabajo.
Respecto a si harán consulta indígena sobre este tema, Moreno dice que es un tema que el equipo jurídico del ministerio está analizando, pero les parece importante conocer la opinión de la comunidad. Por eso, añade, no descartan realizar un segundo viaje al norte, como el realizado hace un par de semanas, para contrastar las conclusiones de la comisión con las comunidades del Salar de Atacama.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.