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REGÍSTRATE AQUÍSin embargo, desde Goldcorp señalaron que seguirán abiertos al diálogo.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2014 a las 18:34 hrs.
Con sorpresa y desconcierto recibió Goldcorp, empresa titular del proyecto El Morro, el fallo de la Corte Suprema que acogió los recursos de protección presentados por las comunidades indígenas en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero El Morro.
Desde la perspectiva de la minera, en la elaboración y ejecución de la consulta indígena se incorporaron por el gobierno los más altos estándares de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, tal como lo dictaminó de manera contundente la Corte de Apelaciones de Copiapó.
"Hemos seguido el proceso riguroso establecido por las autoridades competentes y hemos puesto nuestros esfuerzos en el establecimiento de diálogos constructivos y sobre todo transparentes que tengan como finalidad identificar objetivos comunes, escuchando a las comunidades y sus preocupaciones" expresó Eduardo Villacorta, Vicepresidente de Operaciones de Goldcorp para Centro y Sudamérica.
En definitiva, este fallo obliga a la minera a iniciar un proceso de reevaluación de su estrategia de inversión en Chile.
Sin perjuicio de lo anterior, y en todo el proceso de evaluación ambiental de El Morro, "Goldcorp reitera su compromiso con un diálogo abierto y transparente con los diferentes actores sociales y con un actuar responsable en conformidad con los más altos estándares de salud, seguridad y medio ambiente y respeto hacia la institucionalidad y las leyes", dijeron a través de un comunicado.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.