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Publicado: Lunes 4 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
En diciembre del año pasado, Antofagasta Minerals y el Centro de Estudios Científicos (CECS) firmaron un convenio de investigación dirigido a explorar el desarrollo de nuevos procesos de biolixiviación. De esta manera, el brazo minero del grupo Luksic daba por primera vez pasos formales hacía la biominería, razón por la cual el contrato recibirá el beneficio tributario de la actual ley de I+D.
En una primera etapa, que se prolongará por tres años, el acuerdo contempla un aporte de US$ 2,4 millones por parte de la compañía para el desarrollo de la infraestructura y los métodos que harán posible ejecutar el trabajo experimental en el CECS, en Valdivia.
Según Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, con esta iniciativa la empresa busca ponerse al frente de lo que será la nueva minería del siglo XXI.
“Este programa de investigación con el CECS representa un importante paso en la permanente búsqueda de innovación por parte de la empresa, tanto para lograr una mayor eficiencia y rentabilidad económica como para incrementar la sustentabilidad ambiental y social de sus proyectos”, añade Veloso.
La firma tiene intenciones de aprovechar los resultados del proyecto para ampliar la búsqueda de la base mineral en el mundo, además de abordar las dificultades propias de los yacimientos de baja ley para convertirlos en nuevas oportunidades de valor.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.