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Publicado: Viernes 23 de enero de 2015 a las 05:00 hrs.
Para contribuir a la implementación del Plan de Infraestructura para el transporte público para la Región de Antofagasta, que considera un proyecto de teleférico y un corredor exclusivo para buses, el gobierno y Fundación Minera Escondida firmaron un convenio que permitirá la realización de los estudios necesarios para la ejecución coordinada de las iniciativas.
El convenio fue firmado por el intendente de Antofagasta, Valentín Volta; por los ministros de Hacienda, Alberto Arenas; de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, y del MOP, Alberto Undurraga; y en representación de Fundación Minera Escondida, por su presidente, Hilmar Rode.
El ministro Arenas destacó que "este plan surge como parte del fuerte impulso que está dando el gobierno a la economía y a abrir nuevos espacios a la participación del sector privado, en este caso con una inversión total estimada en US$ 275 millones, que generará del orden de 3.000 empleos durante los 3 años que se estima durará la construcción de las obras". Detalló que "no sólo el Metro Cable será concesionado, con lo que se fortalecerá la alianza público-privada a través de las grandes inversiones, sino que los estudios que se requieren para ello serán trabajados en conjunto y con el apoyo del sector privado".
Fundación Minera Escondida se compromete a "desarrollar un estudio cuyo objetivo principal será la Formulación y Evaluación de Alternativas de Trazado del Sistema de Transporte Público de Metro Cable (STPMC), en concordancia y coordinación con el estudio de Transporte Público Masivo de Antofagasta (STPM) que actualmente se encuentra realizando el gobierno regional".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.