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Publicado: Viernes 18 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Según consignó el diario hispano Expansión, la firma constructora Ferrovial decidió interponer una demanda ante las cortes chilenas por la decisión del gobierno de retirar el decreto que amparaba la adjudicación en marzo de este año de un contrato de construcción y posterior concesión de un hospital cuya inversión asciende a casi 300 millones de euros.
El complejo sanitario Sótero del Río, uno de los más grandes de Chile, figuraba entre los proyectos más ambiciosos de la administración encabezada por el ex presidente, Sebastián Piñera.
Tras la victoria de Michelle Bachelet en marzo de este año se revisó todo el programa de inversión de hospitales basado en sistemas de colaboración público-privada. Esta revisión pasó factura al hospital adjudicado a Ferrovial, que ha puesto el asunto en manos de abogados.
“Ferrovial Servicios está considerando todas las opciones legales para hacer valerlos derechos que el Gobierno le confirió con el Decreto de Adjudicación, dentro del marco constitucional chileno”, reconocen desde la compañía presidida por Rafael del Pino.
Fuentes próximas a la operación subrayan que el objetivo del recurso es recuperar el contrato que, al día de hoy, se encuentra en una especie de limbo jurídico, ya que los responsables del gobierno chileno todavía no han comunicado oficialmente a la concesionaria la anulación de la adjudicación.
“De momento, sólo han retirado el decreto de la Contraloría, una especie de Tribunal de Cuentas chileno”, indican en la empresa.
Aunque Ferrovial lleva décadas establecida en Chile, el Hospital Sótero del Río era uno de los grandes activos de la cartera de la empresa española en ese país después de haber vendido todas sus autopistas en 2010.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.