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Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
Un completo análisis de los beneficios que tienen los nuevos mecanismos de solución de controversias para contratos de construcción, realizaron dos expertos internacionales en el marco del Encuentro Anual de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Jerry Brodsky, director latinoamericano de Peckar & Abramson, señaló que la figura de los Dispute Board, o comités de discrepancias, que se está comenzando a aplicar en Chile, ayuda a disminuir los costos y plazos que toma resolver conflictos entre mandantes y constructoras.
En su experiencia en particular, le tocó aplicar estos métodos en la construcción de carreteras en Estados Unidos, donde pese a la complejidad de los proyectos, se logró sacar la obra en tiempo y costo.
Señaló que los Dispute Board permiten solucionar controversias en 90 días, cuando un arbitraje toma mucho más tiempo y no permite soluciones de manera contemporánea, generando retrasos.
Pablo Laorden, representante español de la Dispute Resolution Board Fundation, señaló que incorporar estos mecanismos es una tendencia mundial, que organismos internacionales –como el Banco Mundial- está exigiendo cada vez más. Agregó que hay recomendaciones a nivel mundial de cómo deben operar estos mecanismos, pero que obviamente no existen normas generales para todo, porque cada proyecto tiene sus propias recomendaciones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.