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Publicado: Lunes 12 de agosto de 2024 a las 04:00 hrs.
Foto: Rodolfo Jara
En primera instancia, se pensó que era un spam. Pero al segundo mail del Administrador de Fondos de Cesantía, sobre el pago de cotizaciones previsionales de algunos de sus extrabajadores posterior al término de la relación laboral, el área de recursos humanos de la empresa Latin American Foods (dedicada a la fabricación de alimentos) encendió las alarmas.
Ante una consulta de la empresa, el 9 de abril de 2024, el AFC envió las cartas de despido de 10 trabajadores de la empresa firmadas por un supuesto representante legal. El punto es que todos tenían contratos de trabajo. Ahí se inició una investigación interna, entrevistando a los empleados.
“Los trabajadores declararon interacciones con el sujeto referido precedentemente, las cuales incluían propuestas para efectuar el retiro de fondos del seguro de cesantía de cada uno de ellos, a cambio de la entrega de información personal y financiera, todo ello bajo la promesa de que toda la operación se enmarcaba dentro del marco legal”, dijo la compañía en una reciente querella criminal.
En ésta, la empresa da el nombre de la persona que propuso efectuar los retiros del AFC, cobrando un porcentaje del monto retirado por cada uno de los trabajadores, lo que contraviene la Ley de AFC Chile, dijo la firma en su querella.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.