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Publicado: Jueves 6 de junio de 2024 a las 18:44 hrs.
El Grupo Evans anunció el nombramiento de Rafael Fernández como nuevo socio de la firma legal.
El estudio destacó la trayectoria del abogado en temas regulatorios, prestando asesoría en el desarrollo de proyectos eléctricos de todo tipo, así como en materias de aguas, derecho indígena, derecho
ambiental y, en general, en asuntos regulatorios y de recursos naturales.
Fernández es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un diplomado en Derecho Urbanístico y de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Según informó la oficina legal en un comunicado, uno de los focos prioritarios de su nueva gestión será apoyar a los clientes de Grupo Evans entregando una asesoría integral en los múltiples aspectos de la industria eléctrica generación, transmisión y distribución, especialmente en temas regulatorios, apoyo en la estrategia de diseño de los proyectos, tramitación de concesiones eléctricas, así como en temas territoriales estratégicos, derechos de aguas, desalación, acueductos, temas medioambientales, relacionamiento con comunidades, y compliance, entre otros.
Para el socio y líder del área de energía y desarrollo de proyectos , Cristóbal Illanes, este nombramiento, “será muy beneficioso para nuestro Estudio. La expertise adquirida por Rafael, especialmente en procedimientos administrativos ante diferentes organismos público para la obtención de concesiones eléctricas , así como su visión estratégica y sólidos conocimientos legales, que han permitido viabilizar importantes proyectos en Chile, seguirá siendo un gran aporte al equipo y especialmente a nuestros clientes”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.