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REGÍSTRATE AQUÍEl gobierno hizo el anuncio en el marco de la presentación de la política energética hasta 2030.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 6 de marzo de 2012 a las 09:48 hrs.
Ruido les está generando a los productores industriales la posibilidad de que el gobierno incremente el valor de los impuestos a las centrales termoeléctricas del país, en el marco de la política energética de La Moneda hasta 2030.
Uno de los anuncios hechos por la cartera, es que este sector energético deberá invertir en tecnología para mitigar las emisiones de CO2, lo que encarecería sus procesos, costo que debería recaer en los usuarios.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, advirtió que la posibilidad de incrementar el gravamen, haría lo propio en el los costos de operación del sector productivo privado.
“Los análisis que se hacen sobre aplicar un impuesto a las emisiones de CO2 complicarían aún más el mercado energético para quienes utilizan la electricidad como el principal factor de competitividad en sus labores productivas”, advirtió el líder industrial.
Del mismo modo, explicó que los “altísimos precios” que a su juicio están pagando por la energía los hacen esperar que a futuro “es que haya una expansión de la oferta más acelerada para que estos precios puedan bajar”, sostuvo.
De hecho, el gerente de Asociación de Generadoras, René Muga, abaló que al subir el costo a las carboneras el costo será asumido por los clientes.
“Eso va a tener un efecto en el costo de la generación (…) y en el precio final a los clientes”, aseguró.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.