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Publicado: Lunes 2 de noviembre de 2020 a las 04:00 hrs.
Una nueva compañía de retail en problemas. La tradicional empresa Comercial La Caserita presentó a la justicia una solicitud de reorganización financiera. La firma busca refinanciar pasivos por alrededor de US$ 25 millones.
Entre los principales acreedores figuran los bancos Itaú, Del Estado y Scotiabank. La Caserita es una empresa familiar fundada en Santiago a principios de los 80, por la familia Rivas-Struque. La compañía cuenta con doce locales desde Copiapó a Castro, además de participar en el negocio de ventas por internet y ser una de las principales firmas del país en venta de cajas con abarrotes para empresas.
Así, esta empresa mayorista está dentro de las distribuidoras más grandes a nivel local, con ventas anuales, previo al Covid, en torno a los US$ 100 millones.
“Nos acogimos a una reorganización judicial producto de tres situaciones complejas que nos han afectado”, explica Renato Barthel, gerente general de La Caserita. Enumera: “Un conflicto con Unilever por los reiterados abusos comerciales, el estallido social donde nuestros locales fueron saqueados y permanecieron cerrados, y la pandemia, por sus restricciones de horario y de ingreso a los centros mayoristas, lo que trajo como consecuencia una menos afluencia de público”. Barthel dice que “lo más serio y responsable” fue acogerse a la reorganización para responder por sus deudas de la mejor forma posible y asegurar la continuidad de la compañía. “La Caserita es una empresa familiar con 38 años de historia, que siempre ha cumplido con sus compromisos”, destaca.
El ejecutivo dice que han conversado con todos sus proveedores y acreedores. “Nos han brindado todo su apoyo para que este proceso sea exitoso”, asegura.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.