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REGÍSTRATE AQUÍEl 25 de enero ingresó varios escritos para intentar que las entidades compensen por las alzas en los planes.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 30 de enero de 2017 a las 04:00 hrs.
La judicialización del sistema de Isapres sigue tomando nuevas aristas. Esta vez fue la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), la que presentó cuatro requerimientos en distintos juzgados civiles del país en contra de varias de las aseguradoras privadas.
En concreto, se trata de demandas contra Masvida, Cruz Blanca, Consalud y Colmena, aunque en el caso de esta última, pese a que la causa está rotulada contra ella, el escrito alude por error a Consalud.
Bajo este esquema, la organización de consumidores busca que las empresas aludidas repongan a sus afiliados lo cobrado en las sucesivas adecuaciones de los precios de los planes.
Por ejemplo, en la causa contra Masvida -Isapre que atraviesa un complejo momento financiero a la espera del ingreso de un socio estratégico- se dice que “el daño sufrido por los consumidores (con el alza de los planes) es de toda evidencia, al habérsele cobrado por la Isapre demandada un mayor precio al contratado, provocándoles una disminución patrimonial, sin que exista fundamento alguno que justifique dicha alza a los planes de salud, vulnerando normas legales y constitucionales”.
Esto, bajo el argumento que la Ley del Consumidor establece que los proveedores de bienes o servicios deben respetar los términos y condiciones bajo los cuales han ofrecido al consumidor su bien o servicio.
Es por esto y otros argumentos, que Odecu pidió que se interponga la demanda -la que aún no era admitida a trámite- y que se instruyera a la Isapre que pueda seguir aumentando los precios de los contratos de los seguros de salud, así como pide restituir todos los dineros recibidos en exceso, con sus correspondientes reajustes, con motivo de las alzas efectuadas en los precios base de los planes de salud. También se pide que se cursen las multas que correspondan por estos cobros “ilegales”.
De este modo, un nuevo frente tendrán las aseguradoras de salud privada, las que ya han visto miles de causas pasar por tribunales por casos individuales de alzas en los planes, los que finalmente han sido ganados por quienes recurren.
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La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
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