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Publicado: Jueves 4 de julio de 2019 a las 04:00 hrs.
Se refiere a volver a un sistema impositivo en el que el 100% de lo pagado a nivel de la empresa (impuesto de Primera Categoría) puede descontarse en los impuestos finales de los socios de las mismas (Global Complementario). En este sentido, hay una integración total entre el tributo corporativo y el personal a nivel de los socios de las compañías. Este es el sistema que rigió en el país desde mediados de los 80 hasta el 2013.
Desde la reforma tributaria del 2014, la integración no es total, ya que solo el 65% de lo pagado por la empresa puede ser usado como crédito contra el Global Complementario. Este sistema se conoce como parcialmente integrado y solo pueden acceder a él las grandes empresas. El régimen de renta atribuida que creó el proyecto del gobierno anterior, en cambio, tiene una integración de 100%.
Este tema es el principal punto de conflicto en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, dado que el Ejecutivo señala que integrar el sistema aportará una mayor equidad horizontal a la normativa tributaria (o sea, que a mismo nivel de ingreso, una persona que percibe dividendos o utilidades pagará el mismo tributo que una persona empleada), mientras que los opositores aseguran es una rebaja de impuestos a los más ricos del país y que, a su vez, son socios de empresas.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.