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REGÍSTRATE AQUÍEl Congreso discute un proyecto de ley del diputado Guillermo Valdés (PDG) que facilita este proceso.
Por: Claudia Rivas
Publicado: Lunes 24 de agosto de 2026 a las 10:58 hrs.
Un importante avance, algo que no resulta común con las mociones parlamentarias, ha tenido en el Congreso el proyecto que prorroga el plazo para la regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas, del diputado del Partido de la Gente (PDG) Guillermo Valdez, algo que ya fue diferido con anterioridad y cuyo último plazo es, actualmente, el 27 de abril. Pero la iniciativa parlamentaria lo prorroga nuevamente hasta el año 2032.
El representante del distrito de Curicó argumentó en el proyecto -que el Ejecutivo patrocinó poniéndole urgencia de suma- que a pesar de los esfuerzos legislativos, la realidad práctica durante el año en curso acerca de los “cuellos de botella” que se han reportado, en materia de tramitación ambiental e hídrica, “demuestra que el aparataje estatal -tanto la DGA como el sistema registral de los Conservadores- aún no posee la capacidad de respuesta y procesamiento expedito para absorber la totalidad del rezago”.
Por lo que, se arguye en el texto, que “someter a miles de titulares, especialmente rurales, a la pérdida de su patrimonio por ineficiencias del sistema administrativo contraviene el espíritu de certeza jurídica que el legislador debe resguardar”.
De ahí que la moción apunte a una “extensión definitiva y prudente del plazo registral”, en principio hasta el 6 de abril de 2030, pero que en el marco de la tramitación aumentó al año 2032, con lo que se otorga un horizonte temporal de ocho años desde la publicación de la reforma original, para asegurar la correcta estabilización del régimen de aguas en el país.
En el marco del paso de la iniciativa por el Senado, que la aprobó por unanimidad enviándola de vuelta a la Cámara para su tercer trámite, transversalmente se destacó la incorporación de un proceso colectivo de regularización, pues permitiría que se regularicen los derechos de agua de todos los agricultores dentro del nuevo plazo que permitirá el proyecto en trámite, pues de no realizarse se produciría la caducidad de tales derechos.
Ello, porque según se establece en el proyecto “el directorio o, en su caso, el administrador, vigente, de una organización de usuarios inscrita en el Registro Público de Organizaciones de Usuarios del Catastro Público de Aguas y/o, en su caso, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, podrá presentar una solicitud colectiva ante la Dirección General de Aguas para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.