Aunque no estaba contemplado su análisis en la tabla de la sesión de hoy, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se dio tiempo para analizar el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en torno a la existencia de un cartel conformado por las principales empresas productoras y comercializadoras de carne de pollo en Chile, implementado y monitoreado por la Asociación de Productores Avícolas (APV).
El tema fue puesto en la mesa por la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) quien manifestó su preocupación por el hecho, tanto por el impacto que tiene en la población, como por el apoyo que el sector avícola ha tenido de parte del Estado a través de fondos sectoriales, en la promoción de las exportaciones y en protección frente a situaciones de epidemia.
La legisladora anunció que, frente a la gravedad de la denuncia, será presentada ante la Sala una solicitud de creación de Comisión Investigadora, la cual tendrá dentro de sus ejes determinar los montos entregados por más de una década por parte del Estado a la industria; y definir, si las hubiere, responsabilidades políticas, particularmente en torno a facilitar la conformación de un posible cartel.
La diputada Denise Pascal (PS) apoyó la medida, estimando que es un tema de alto impacto nacional, y propuso que en la investigación también se determinen medidas que eviten nuevas situaciones como esta. En esta línea, llamó la atención que éste es un sector altamente concentrado y que es un fenómeno que, junto a otros legisladores, ha venido denunciando permanentemente desde hace cuatro años.
Para el diputado Ramón Barros (UDI), no hay dudas que el tema provoca indignación y, junto a su colega de bancada, diputado Ignacio Urrutia, se mostró llano a la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso, siempre que sea respaldado por la bancada y que se defina cuáles son las responsabilidades que se persiguen, dado que el caso tiene sus raíces una década atrás.
El Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, calificó los cargos efectuados por la FNE de la mayor gravedad y estimó que, si se logran comprobar, se debiera aplicar a los culpables la sanción más alta posible con el objeto que se constituya como una situación ejemplificadora.
Llamó a tener cuidado en hacer afirmaciones sobre culpabilidades que aún no han sido comprobadas, apelando al derecho de todo ciudadano a un justo proceso. Sin embargo, insistió en que, si éstas son verificadas, sería incluso aplicable la sanción penal, dejando las sanciones administrativas para ilícitos menores.
Informó que el Ministerio, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), ha ofrecido a la Fiscalía toda la colaboración posible e indicó que se está siguiendo un monitoreo constante sobre otros rubros del área (fertilizantes, arroz, trigo y lácteos, entre otros) para prevenir casos similares
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