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REGÍSTRATE AQUÍEn medio de la polémica por las contribuciones y la forma de calcular este impuesto territorial, surge la idea de crear esta instancia.
Por: Claudia Rivas
Publicado: Sábado 12 de julio de 2025 a las 04:00 hrs.
La semana pasada se constituyó en el Congreso la Comisión Bicameral de avalúo de predios agrícolas, integrada por los senadores Carmen Gloria Aravena (indep. RN), Loreto Carvajal (PPD), Tomás De Rementería (PS), José Miguel Durana (UDI) y Alejandra Sepúlveda (indep. exFRVS); y, los diputados Paula Labra (indep. RN) y Jorge Rathgeb (RN); Benjamín Moreno (PR) y Emilia Nuyado (PS). La senadora Sepúlveda resultó electa presidenta de la instancia, cuyo objetivo es analizar y proponer fórmulas para mejorar los factores de determinación del avalúo fiscal de predios rurales, especialmente de aquellos que están destinados a la producción agrícola.
En este contexto, la senadora Sepúlveda, quien representa a la Región de O’Higgins en la Cámara Alta, respecto de la función de la comisión señaló que “es fundamental la actualización de la información y la transparencia de la metodología”.
Luego que el Congreso despachara el proyecto de Autorizaciones Sectoriales, las miradas se volcaron de inmediato en otra iniciativa que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado y está lejos de avanzar la celeridad que se esperaba, pese a que semana tras semana el Ejecutivo renueva su urgencia de “suma”. Se trata del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, puesto en tabla por la Comisión de Hacienda solo el 11 de junio, Aunque se espera que se reactive su tramitación.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.