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REGÍSTRATE AQUÍAunque la española trató de cumplir el contrato, no pudo. Ahora podrían venir acciones legales.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 17 de noviembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Por Andrés Pozo B.
Los efectos de la fallida licitación de la ruta La Serena-Vallenar siguen tomando forma en la industria de las concesiones. Esto, porque después que el Ministerio de Obras Públicas quitara la concesión al consorcio Azvi-Copasa, las empresas estarían analizando tomar acciones legales contra Scotiabank, banco que asesoró a los españoles en el modelo de financiamiento a través de una filial.
Aunque aún no es materia definida, se espera que la próxima semana pueda haber luces respecto a este tema. Esto, porque llegará hasta Chile el presidente de Azvi, Manuel Contreras, el que mantendrá una serie de encuentros que permitirían dilucidar qué acciones impulsarán.
En su paso por el país, se espera que Contreras mantenga un encuentro con el ministro Laurence Golborne. De ese encuentro -dicen fuentes de la industria- podrían tomarse definiciones.
Según trascendió, una vez detectada la falla en el modelo de financiamiento, Copasa -la otra integrante del consorcio- había pedido iniciar acciones de inmediato, cosa que fue retardada por Azvi, ya que intentó sacar adelante la concesión y cumplir con el contrato. Sin embargo, finalmente no se pudo llegar a puerto y el MOP impulsó una nueva licitación privada.
Conocedores del caso explican, de todos modos, que de tomarse acciones legales en contra del asesor financiero, éstas tendrían que ser tramitadas en Nueva York, Estados Unidos, según se establece en los contratos de financiamiento. También se analiza la posibilidad de recurrir a un arbitraje.
Azvi y Copasa habían ofertado US$ 265 millones para construir y operar La Serena-Vallenar. La oferta sorprendió porque era considerablemente menor a las presentadas por otros participantes, como Sacyr y OHL.
Paz Corp es explícita en señalar que, frente a los riesgos derivados del cambio climático, su política de adquisición de terrenos excluye zonas costeras y áreas inundables.
La compañía desarrolla tecnología que identifica y cuantifica recursos hídricos bajo tierra con baja incertidumbre, mediante la combinación de datos geofísicos e hidrogeológicos con la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y big data.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.