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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 26 de febrero de 2016 a las 04:00 hrs.
Una extensa batería de documentos, esta vez declaraciones de los principales ejecutivos de CMPC y SCA que participaron de la organización y funcionamiento del acuerdo de colusión entre las empresas, liberó ayer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En el marco de las declaraciones tomadas por abogados de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las que se realizaron durante mayo de 2015, los involucrados desclasificaron cómo se gestó uno de los episodios más llamativos del caso: la eliminación de los computadores donde se almacenaba información clave del caso.
“Tuvimos una instrucción de eliminar todo tipo de información. Entonces siempre se pensó en borrar los mails y ese tipo de cosas... pero más concreto era deshacerse del computador directamente. Entonces acordamos botarlos, tirarlos. Yo salí (...) en auto, paramos en Avenida La Florida, en un strip center (...) paramos 5, 10 o 20 minutos, a comer algo ahí. Yo, puntualmente, lo tiré al río, al Canal San Carlos”, señaló un ejecutivo interrogado, cuya identidad está tarjada.
Otro de los participantes del episodio señaló que simularon un robo, el que denunciaron a Carabineros, para justificar la pérdida de los equipos, y que la orden de eliminar evidencia vino de un superior. “Fuimos a la Comisaría que está en Avenida La Florida (...) e hicimos una declaración que nos abrieron el auto y nos robaron los computadores. Después fui solo yo, (nombre tarjado) no me acompañó y boté yo en la noche el computador al canal, lo boté, eso”.
Entre los documentos que se liberaron ayer también hay minutas de las reuniones entre CMPC y SCA, donde entre otras cosas, se acuerdan alzas de precio de los productos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.