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Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
El ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, encabezó ayer la sesión del Comité Financiero, instancia creada para asesorar al Ministerio de Hacienda en la gestión de los fondos soberanos que el país tiene invertidos en el exterior.
El ex titular del instituto emisor fue nombrado presidente de la instancia técnica hace un par de semanas en reemplazo de Arturo Cifuentes, quien abandonó el puesto debido a diferencias de opinión con el jefe de las finanzas públicas, Alberto Arenas.
“En la reunión se hizo una profunda revisión del estado de los fondos soberanos y los temas que tenemos en la agenda hacia adelante”, explicó el economista y ex ministro de Estado, quien por ahora desestimó que se esté analizando repatriar recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para hacer frente al mayor déficit fiscal producto de la desaceleración.
“Es muy prematuro discutir eso. Ni siquiera está listo aún el Presupuesto 2015. Pero una materia de ese tipo debe ser analizada por el Ministerio de Hacienda”, acotó.
Además de De Gregorio, se integraron como nuevos consejeros a la instancia Jaime Casassus e Ignacio Magendzo, quienes se sumaron a Martín Costabal, Cristián Eyzaguirre (vicepresidente) y Eduardo Walker.
El Comité Financiero es uno de los principales entes asesores de Hacienda, junto con el Consejo Asesor Fiscal.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.