Un importante avance tuvo la indicación del Ejecutivo al proyecto de ley que regula el abuso de Multirut, al ser aprobada en la Comisión del Trabajo del Senado.
Con ello, la iniciativa que se discute en segundo trámite constitucional quedó en condiciones de ser sometida al pronunciamiento de la Sala, una vez que se elabore el informe respectivo.
“Estamos muy contentos porque esto es histórico”, reaccionó la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, luego del respaldo de los legisladores al texto legal patrocinado por el gobierno.
La secretaria de Estado adelantó que “mañana (hoy) vamos a poder discutir en Sala y tal como lo habíamos dicho, tener despachado del Senado a la Cámara de Diputados, antes del 21 de mayo”.
Por lo mismo, dijo que lo más probable es que se cambie la urgencia al proyecto de suma a discusión inmediata, para poder analizarlo en Sala y despacharlo a tercer trámite.
La presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, indicó que después de varios años de tramitación en el Congreso la instancia respaldó el proyecto. Muñoz agregó que “una vez en vigencia la ley, los trabajadores puedan defender derechos individuales y colectivos y llevar negociaciones colectivas, que hoy están prácticamente impedidos por esta subdivisión de empresas”.
Los cambios de la norma apuntan a que las obligaciones que derivan de los derechos laborales y previsionales -tanto individuales como colectivos de los trabajadores-, recaerán sobre la figura del empleador y no de la empresa. Así, dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para tales efectos cuando cumplan con la condición de similitud o complementariedad de sus productos o servicios o exista entre ellas un controlador común y además tengan una dirección laboral común.
Informe Multirut LYD
Un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo (LYD) sobre el Multirut advierte que la subdivisión de la empresa en varias razones sociales responde en la mayoría de los casos a razones de eficiencia productiva, y no de abuso laboral. Agrega que la norma que se apruebe debe poder discriminar entre situaciones de abuso de derechos laborales y las que no lo son.
También dice que la ley no debe buscar la ampliación artificial del poder de negociación sindical, ya que afectaría el emprendimiento.
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