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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 15 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
El directorio de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se reunió ayer con la presidenta Michelle Bachelet para tratar temas vinculados a la estabilidad laboral en el sector estatal.
Tras la cita, que se extendió por más de una hora en el gabinete de la mandataria en La Moneda, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, reveló que “la presidenta se comprometió a apurar los cambios y soluciones que requieren los funcionarios públicos y que se están viendo en una agenda corta con los ministerios de Hacienda y de Trabajo”.
De la Puente puntualizó que en dicha instancia “esperamos cambiar el modelo de empleo dentro de la administración pública, por cuanto hoy el trabajo en este sector se ha precarizado, hay un 60% de personal a contrata y un 10% a honorarios que no tiene estabilidad ni carrera, lo que permitió que en el gobierno pasado despidieran 11 mil funcionarios públicos”.
La expectativa de la principal organización gremial del sector público es que los temas en cuestión se resuelvan antes de fin de año.
Por otra parte, de la Puente aseveró que expresaron a la jefa de Estado su disconformidad con el actual sistema de capitalización individual y pidieron volver al antiguo esquema de reparto. Ante ello, según el dirigente, Bachelet les dijo que hay una Comisión de Expertos estudiando cambios en la materia.
Otro tema que plantearon en la reunión los directivos de la ANEF fue el derecho a huelga y negociación colectiva en el aparato público. Al respecto, de la Puente dijo que hay consenso en que este asunto se discutirá el próximo año, una vez que esté zanjada la agenda corta con Hacienda.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.