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REGÍSTRATE AQUÍEl columnista analiza la última polémica sobre "el perro matapacos".
Por: J.J. Jinks
Publicado: Sábado 4 de mayo de 2024 a las 21:00 hrs.
Uno de los rasgos más acentuados de la política chilena actual es la facilidad con que la atención de la discusión pública es desplazada desde lo central hacia lo accesorio.
Es así como frente al ominoso asesinato de tres carabineros en Cañete, increíblemente hemos terminado discutiendo sobre el perro matapacos. No es la falta de inteligencia adecuada para enfrentar el terrorismo o los brazos cada vez más largos del narcotráfico lo que nos desvela sino el perro de pañuelo rojo y colmillos afilados (esta columna es prueba de ello).
Si alguien piensa que exagero, el propio Presidente de la República, sin mediar pregunta de por medio abordó el asunto en la entrevista de la ARCHI con más de mil radios conectadas a lo largo del país. Para Boric el perro matapacos es una figura ofensiva y denigrante, según sus propias palabras, causando una desazón profunda en su fiel fanaticada que soportó estoicamente la firma del TPP11, los militares desplegados en la Araucanía, la mitad del gabinete en ENADE haciéndole ojitos al gran empresariado, pero esto sí que es verdaderamente intolerable.
Mucho más que políticas públicas alejadas del ideario de izquierda en las que al gobierno no le ha tocado otra que enfrentar la porfiada realidad, es el desechar un símbolo lo que provoca irritación y desafección en quienes lo han acompañado en estos dos años.
Lo que está detrás de esto no es otra cosa que la grieta que se produjo después de octubre de 2019. Miramos y analizamos el presente a partir de cómo se comportaron los diversos agentes públicos en esos meses llenos de incertidumbre y violencia.
Han pasado casi cinco años, pero el trauma está intacto. Quienes hoy desde el oficialismo lamentan el crimen de Cañete son juzgados por la opinión pública a partir de lo que hicieron, dijeron y la simbología que cargaron esos días aciagos. Si bien estamos acostumbrados a que los políticos cambien de opinión según donde vaya el viento, el comportamiento post estallido es algo a lo que la ciudadanía vuelve y vuelve independiente del transcurso del tiempo.
Que el péndulo ha vuelto con una fuerza inusitada lo dice la propia evaluación de Carabineros. De estar en el quinto subterráneo del infierno, vapuleados en las calles y en la prensa, hoy son tras Bomberos la entidad mejor evaluada del país. Ha pasado poco tiempo desde que la plataforma presidencial de la actual administración prometía la refundación y descabezamiento. Hoy en medio de la crisis de seguridad todas esas ideas radicales han quedado en el olvido del gobierno, pero la población inmisericorde vuelve a recordarlas cada vez que sale el tema.
Después de todo lo que está en juego, más que los dichos y la legítima posibilidad de cambiar de opinión, es la credibilidad de nuestras autoridades. No hay problema en modificar comportamiento, de hecho, es muy bienvenido en este caso, pero falta una explicación de por medio. Tiene que haber un puente, aún cuando sea difuso, que nos permita creer en lo que se nos dice más allá de las evidentes conveniencias del presente. Mientras eso no ocurra, el imaginario volverá al momento en el cual se adoraba cual becerro de oro al perro que hoy nadie reconoce como propio, pero que muchos vimos y sufrimos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.