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Publicado: Viernes 2 de febrero de 2018 a las 04:00 hrs.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la primera medición sobre los trabajos informales que tienen los chilenos y el resultado no fue nada alentador: una de cada tres personas tiene un empleo informal. Esto significa que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad social, previsión y salud, entre otras, y además enfrentan altos niveles de inestabilidad y, normalmente, sueldos bajos.
En este grupo se cuentan los trabajadores por cuenta propia, 1,2 millones de personas; asalariados con vínculo con un empleador pero sin seguridad social, alrededor de un millón; y familiares no remunerado, 100.380, entre otros.
De acuerdo a la información entregada por el INE, la informalidad laboral afecta más a las mujeres que a los hombres, con una tasa de 31,9% frente a 28,6%. En términos geográficos, en tanto, la tasa más alta corresponde a La Araucanía (40,4%), seguida de Arica y Parinacota (38,4%) y Tarapacá (37%).
Como era de suponer, el mayor número de trabajadores informales se concentra en el comercio, con 515.940 personas y una tasa de 33,9%, y en la agricultura, con 361.820 personas equivalente al 46,8% de los ocupados del sector.
Una solución a la alta tasa de informalidad laboral es un reto importante para las nuevas autoridades. Las condiciones en la que trabajan muchas personas en la actualidad tiene costos personales, familiares y sociales significativos. Pero también implica el riesgo de enormes y crecientes costos para la actividad económica del país, tanto por la escasa productividad y especialización de estos empleos, como por los desafíos que conlleva en términos de seguridad social, sobre todo por pago de pensiones y por prestaciones de salud.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.