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Publicado: Martes 30 de enero de 2018 a las 04:00 hrs.
Apenas un día antes de la apertura de las ofertas económicas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decidió poner freno al proceso de licitación del 50% de la flota del Transantiago que llevaba adelante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La resolución, que como corresponde fue inmediatamente acatada por la autoridad, acoge la solicitud de dos empresas del sector, Transanber y Santín, las que en lo sustancial argumentan que el proceso de licitación incorpora componentes que representan barreras de entrada ficticias y falta de información, que favorece a los actuales operadores del transporte colectivo de la capital.
El TDLC dijo que la petición fue acompañada de antecedentes que constituyen “a lo menos presunción grave del derecho que se reclama”.
La suspensión del proceso deja varias situaciones pendientes, y una de las más relevantes es si implicará la exigencia de realizar una nueva licitación. Esto, además de constituir un severo revés para el gobierno, podría significar que los plazos se prolonguen por varios meses.
Una nueva demora perjudica al sistema y sobre todo a los usuarios, pues deja en suspenso la necesaria renovación de una parte importante de la flota y posterga algunos mejoramientos previstos en el servicio.
Tanto las empresas demandantes como el ministerio de Transportes han dicho que actuarán con celeridad en lo que les compete, pero no cabe duda que una tramitación expedita, si bien conveniente, más lo es que el proceso se lleve a cabo con absoluta transparencia y con total resguardo de las mejores prácticas para asegurar una licitación competitiva.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.