Además de interrumpir, no el embarazo, sino el desarrollo del feto durante el embarazo (ejemplo clásico de eufemismo edulcorante de un asesinato), abortar comporta, médicamente, el desaparecimiento de una enfermedad antes de su término natural; metafóricamente, expulsar de sí algo monstruoso o abominable; y operacionalmente, frustrar el desarrollo de un plan o proceso.
Los legisladores demócrata-cristianos, al igual que todo parlamentario de recta conciencia moral y elemental cultura jurídica, tienen a partir del terremoto electoral del domingo 23 de octubre la ocasión perfecta para honrar las tres últimas acepciones del verbo “abortar”, y bajarle definitivamente el pulgar al enfermizo plan de legalizar la primera. Ninguna abrumadora evidencia de carácter fáctico, médico, ético y legal hizo desistir, a la mayoría de los diputados y a la mayoría de la Comisión de Salud del Senado, de su aplanadora pre-decisión de convertir en derecho el crimen más abominable. Los pocos parlamentarios que concurrían -sin retirarse- a las sesiones de debate y exposición de expertos traían ya definido y comprometido su voto de aprobación. ¿En nombre de la ciencia, de la razón, del Derecho, del deber de atender con urgencia una necesidad impostergable? En nombre de la lealtad al programa y al gobierno de la Nueva Mayoría. Fueron -explícitas y públicas- las razones que invocaron para fulminar al entonces Ministro Burgos, por su imperdonable osadía de siquiera reservarse “una duda” sobre la moralidad y legalidad de siquiera una de las causales para asesinar con permiso del Estado. Como pública y fulminante fue la primera declaración de su sucesor en la cartera del Interior: lealtad “sin doblez” al programa de gobierno y al proyecto abortivo. Era el mismo que ocho años antes redactara, siendo ministro del Tribunal Constitucional, su apabullante voto de prohibición absoluta de la píldora del día después, por atentar contra el primer derecho que la Constitución asegura a toda persona: la vida.
Desde el domingo 23 de octubre, los parlamentarios abortistas no necesitan arroparse en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría. Ésta dejó de existir. Tampoco les servirá alegar que se deben a la gente o al clamor de la calle: argumento difuso, manipulable e hipócrita, que una vez sirvió para absolver a Barrabás y matar a Cristo. El clamor de la gente y la calle tiene su expresión republicana en las mismas urnas (“caja para enterrar un cadáver”) en las que desde el domingo yace, sepultada, la Nueva Mayoría. Si las abrumadoras evidencias fácticas, médicas, éticas y jurídicas no lograron disuadirlos de la monstruosidad de matar con su voto a criaturas vivas e indefensas (el voto implica autoría o complicidad activa en el delito que aprueba), aborten ya su enfermiza obsesión herodiana y descuélguense de la abortista y difunta Nueva Mayoría, por simple cálculo y oportunismo político. En eso son todos expertos.
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