POR E. ROBLEDO Y J.M. DUARTE
A partir de ahora, las llamadas ‘buenas prácticas’ de gobierno corporativo en las empresas chilenas podrían dejar de estar en el área de lo completamente voluntario para convertirse en el nuevo estándar de la industria nacional. Por medio de una propuesta de normativa (puesta ayer en consulta) de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se espera que las empresas generen conductas tendientes hacia mejores políticas internas, aunque por la vía de la autorregulación.
La fórmula es así: la SVS establecerá un conjunto de buenas prácticas para gobiernos corporativos para que todas las sociedades anónimas abiertas se comparen con ellas y respondan si es que cumplen completa, amplia o parcialmente o sencillamente no cumplen. Dicho ejercicio resultará en una autoevaluación anual que será considerada como información de mercado y que, entre otras cosas, podría considerarse como una herramienta más de análisis de inversión.
El superintendente de valores y seguros, Fernando Coloma, indicó que si bien la norma no obliga a cumplir con los estándares propuestos, sí espera ser un incentivo tendiente a implementarlos por el sólo hecho de la obligación a informar sobre su grado de cumplimiento. “Hay un elemento de autorregulación. Las sociedades deciden si adoptan las prácticas en su grado máximo, intermedio o si de frentón no las cumplen”, señaló en el marco de un seminario del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica (CGCUC).
Coloma explicó que pese a que las sociedades no están obligadas a cumplir los principios de buenas prácticas, sí están sujetos a responder de forma veraz. Asimismo –explicó– “si el día de mañana hay un caso sancionatorio y en alguna medida tuviese que ve con alguna práctica que ellos dijeron que cumplían y en realidad no cumplían, evidentemente se exponen a ser sancionados por información falsa, con todas las implicaciones que ello tiene”, señaló aludiendo a las responsabilidades penales.
La nueva obligación de levantar la información sobre las prácticas de las empresas entrará en vigencia para este año, por lo que la primera autoevaluación deberá ser entregada por las empresas antes del 31 de marzo de 2013. En este sentido, Coloma indicó: “creo que ya los efectos se van a empezar a ver ahora. Cuando los directores se interpelen sobre estas cosas ellos mismos van a ir cambiando prácticas. No tengo dudas de eso”. Con la nueva norma, se intenta poner mayor presión sobre las empresas para que se autorregulen, restringiendo así las posibilidades de un colapso por la entrega de información falsa como en el caso de La Polar. “Un mejor gobierno corporativo hacen más improbable que ocurran ese tipo de cosas”, afirmó Coloma.
La formación de un indicador
Según señaló la autoridad, la información que quede a disposición del mercado podrá ser recogida por entidades como las bolsas de valores, quienes a partir de los datos recogidos podrían generar índices, estadísticas o ranking de las empresas listadas. En este sentido, indicó que “las distintas preguntas y las distintas prácticas quizás no son todas de la misma importancia si uno ve el detalle. Hay una serie de cosas que se pueden ir construyendo (a partir de la información)”, indicó la autoridad.
Coloma agregó que a partir de esta norma “hay una excelente oportunidad para hacer un aporte significativo a la mejora de los gobiernos corporativos, que es un tema que a las bolsas obviamente que tiene que interesarles”.
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