Por Costanza Cristino
Una completa revisión a la normativa vigente sobre lavados de activos en Ahorro Previsional Voluntario (APV) se encuentra desarrollando la Superintendencia de Pensiones (SP), al menos desde hace dos meses. Así lo informó la propia Solange Berstein, superintendenta del ramo en la reunión del Comité de Superintendentes, la cual tuvo lugar el pasado 29 de agosto.
Según señala la minuta de la reunión, “la SP comentó que están estudiando la normativa existente sobre lavado de activos relacionada a las cuentas de ahorro previsional voluntario”.
Información que fue confirmada a Diario Financiero por la propia Superintendencia, la cual informó que la revisión se enmarca dentro de un actuar normal del regulador, el cual de forma permanente revisa las normativas vigentes en las áreas de su competencia. Sin embargo, en este caso en particular el regulador especificó que la revisión se debe a “que la regulación sobre lavado de activos y APV es relativamente antigua”.
Y es que la normativa data desde 2008, por lo que de acuerdo al regulador podría requerir una modernización.
Para llevar a cabo el proceso de revisión la SP solicitó la colaboración de otras superintendencias.
“Una vez abordado dicho análisis se tendrá un diagnóstico claro respecto a la necesidad de efectuar un cambio normativo”, señalaron desde la Superintendencia.
Potenciales riesgos
La materia no deja de ser relevante, considerando el crecimiento que han presentado los montos que se gestionan en APV. Según el último informe de la SP sobre Ahorro Previsional Voluntario los montos acumulados alcanzan a los US$ 7.470 millones al primer semestre de este año. Lo que significa un aumento de 118% respecto de 2008, fecha de la cual data la actual normativa.
Y la diferencia es aún más relevante si consideramos una década atrás. En 2002, los montos que se gestionaban en APV llegaban a US$ 720 millones.
A esto se suma el hecho de que se trata de un ahorro libre, del cual no está definida con precisión su procedencia. A diferencia, por ejemplo, del ahorro obligatorio, el cual corresponde a un porcentaje del sueldo bruto y lo deposita de forma directa el empleador.
Hoy, las AFP periódicamente deben enviar a la Unidad de Análisis Financiero ( UAF) un informe, con el objetivo de evitar estas prácticas.
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