POR E. ROBLEDO Y M. VILLENA
Una multa por UF 4.500 (equivalente a más de $100 millones) es la que impuso la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a PwC, que auditó los estados financiero de la sociedad emisora de tarjetas de La Polar, Inversiones SCG. Ello a raíz del incumplimiento de sus funciones de fiscalización de la emisora de tarjetas.
Aunque la multa no supera a la cursada a la auditora por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el mismo caso -que ascendió a UF 8.000-, la resolución siembra todo un precedente, dado que por primera vez la SBIF sanciona a una auditora por incumplimientos en la elaboración por parte de los auditores de los llamados Informes de Procedimientos Acordados (IPA), que son actualizados anualmente por las auditoras y que dan cuenta del funcionamiento de la empresa objeto de revisión.
Así, tras siete meses de investigación, el regulador bancario resolvió multar a la auditora por fallas en el IPA hecho a SCG, correspondiente al año 2010.
Entre ellas, según detalla la resolución, se cuenta el que PwC informaba haber verificado la existencia de políticas formales y procedimientos para el otorgamiento, seguimiento y administración del riesgo crédito, los que además eran “aprobados por la administración superior o el directorio”.
Reparos del regulador
Según la SBIF, la auditora incumplió al no informar como excepción que la aprobación de dichos procedimientos de crédito “no eran aprobados por el directorio ni tampoco por la alta dirección”.
Asimismo, el regulador hizo reparos a la omisión por parte de PwC sobre la falta de independencia de la administración del riesgo crédito, lo que no aseguraba una “adecuada segregación funcional entre las áreas tomadoras de riesgo y las de administración del mismo”.
Por otro lado, cuestionó el haber obviado el comportamiento de pago y la capacidad real de pago de los clientes, “razón por la cual”, señala la resolución, “no es posible determinar que la suficiencia de provisiones sea la adecuada”.
Otro aspecto omitido por la auditora fue la vulneración de la política de crédito en lo referente a las renegociaciones sin pago de pie, “lo que impedía una adecuada identificación de la cartera renegociada y, por lo tanto, el registro contable de las correspondientes provisiones”. Además, según la SBIF, “la auditora no reparó en la inexistencia de documentación dentro de la empresa que diera cuenta de los supuestos de la metodología de determinación de provisiones”.
Descargos de PwC
Entre los descargos presentados, la auditora señaló que “no puede considerarse que un IPA sustituya las funciones de fiscalización que competen a esta Superintendencia, sino que sólo deben utilizarse como un elemento de juicio más para las labores de fiscalización que son propias de este organismo y no de los auditores externos”.
Además, PwC reclamó que la SBIF operó con un “sesgo retrospectivo“ al haberse salido de sus prácticas habituales que considera su actividad, dado que “ha formulado cargos a raíz que el equipo de trabajo no fue capaz de detectar una fraude que ahora es reconocido”.
Así, sostuvo que el ex Superintendente, Carlos Budnevich Le Fort, “no habría obrado con la debida objetividad, privando a PwC de un debido proceso”.
Con todo, la SBIF desestimó casi todos los alegatos, resolviendo multar a la auditora por un monto sólo UF 500 por debajo del tope permitido.
PwC informó que apelará a la sanción. Su reclamación estará basada, según la propia auditora, en que ésta sí habría cumplido con lo establecido en la circular Nº 17 diseñada por la superintendencia, la que “sólo ahora, después que estallara el escándalo relacionado a empresas La Polar, el mismo organismo fiscalizador ha estimado insuficiente”.
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