Por P. Gallardo y D. Morchio
Desde 2005 comenzó a gestarse un nuevo enfoque de supervisión para las industrias de seguros y valores. Su característica clave es que, manteniendo la capacidad sancionatoria del regulador, el control ya no sólo se basa en requerimientos de capital -como un patrimonio mínimo para iniciar un negocio asegurador o de intermediación de títulos- sino que aborda la importancia de los gobiernos corporativos y gestión de riesgo, parámetros que dicen relación con factores cualitativos y que complementan a los anteriores.
Dicho proceso, según reconoció el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, se ha visto acelerado como consecuencia del escándalo de La Polar y busca extenderse a emisores, empresas de auditoría externa y clasificadoras de riesgo.
“El caso La Polar ha acelerado el plan de trabajo que había estado elaborando esta Superintendencia desde el año 2010 (...) avanzar hacia un modelo de supervisión basada en riesgos en áreas como las auditoras externas y clasificadoras de riesgo, pareciera ser un paso muy necesario”, sostiene Coloma.
En ese sentido, el modelo “en materia de emisores tendrá que avanzar a aplicarse a los procedimientos de preparación y revisión de información financiera -estados financieros- y la información continua -hechos esenciales, etc.- por parte de sus gobiernos corporativos”. Precisamente, se trata de fallas evidenciadas en el caso del retailer.
Según Coloma, el objetivo preseguido con estos cambios apunta a mejorar los estándares para estas actividades, reducir los riesgos de incumplimiento normativo y el compromiso de la fe pública, cumpliendo con el requisito de una información veraz, relevante y oportuna para los inversionistas.
¿En qué consiste?
El enfoque de supervisión basada en riesgo no es nuevo en el mercado. La banca ya lo incorporó hace más de dos décadas, recogiendo los principios de Basilea I y II que obliga a las instituciones bancarias a ajustar su capital en función del riesgo. La industria de los fondos de pensiones hizo lo propio en 2010, buscando fortalecer la estabilidad financiera de los sistemas de pensiones y de cesantía.
Dicho cambio está ad portas de completarse en el área de valores y seguros, superando resistencias de ambas industrias que miraban con desconfianza el nuevo enfoque.
Es que este instrumental ubica al regulador ya no exclusivamente en su calidad sancionatoria ex post, sino como una entidad preventiva que exige que sus regulados tengan modelos para enfrentar crisis y acoten los riesgos de sus operaciones.
Así, es clave saber si el gobierno corporativo está cumpliendo eficientemente su labor, de qué manera gestiona su exposición a la volatilidad del mercado y si ha elaborado metodologías de matriz de riesgo.
Próximos pasos
En el área de seguros, para las compañías existen dos normativas eje. La primera, ya implementada, busca incrementar la calidad de los gobiernos corporativos, mientras que la segunda -aún en consulta- establecería una matriz para evaluar a las compañías en cuanto a su calidad de gestión de riesgo. Lo que falta será abordado en un proyecto de ley que será ingresado próximamente al Congreso, que establecerá un capital basado en riesgo y un nuevo régimen de inversiones, además de cambiar la forma de organizar los activos y pasivos de las compañías.
Para fondos mutuos y de inversión ya se emitió una normativa en 2008 que requiere a las administradoras establecer un procedimiento y estructuras de control de su gestión de riesgos, mientras que para la intermediación de valores, en las próximas semanas la SVS pondrá en consulta una propuesta sobre el mismo tenor.
El regulador ya está realizando supervisiones en terreno y entregando recomendaciones a las corredoras respecto del tema, particularmente sobre la solvencia de los intermediarios. En materia legal, los ajustes que falten se incluirán en el proyecto de Ley Única de Fondos.
Transversal a esto está el “premio” que recibirán las entidades que acojan la supervisión basada en riesgo, porque las que cumplan con los parámetros exigidos por el regulador verán rebajadas, por ejemplo, los requisitos de capital para funcionar o bien se les permitirá incursionar en nuevas áreas.
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