Este martes se vivió otra jornada parlamentaria que revisó la caída de los fondos de pensiones más conservadores, el D y el E.
Si el lunes la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados evaluó este tema, este martes por la tarde lo hizo la Sala del Senado en una sesión especial.
La instancia presidida por la senadora Paulina Núñez citó al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; al presidente ejecutivo de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro; al presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro; y a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, quien no asistió.
En su intervención, el ministro Rau apuntó a eventuales restituciones o compensaciones por parte de las administradoras a los afiliados afectados por la caída del fondo E.
“Nuestra legislación contempla mecanismos de responsabilidad patrimonial. El artículo 149 del Decreto Ley 3.500 establece que las administradoras deben indemnizar a los fondos por determinados perjuicios directos causados como consecuencia de actuaciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales. Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para exigir que las AFP respondan cuando se cumplen los requisitos legales”, señaló.
El artículo 149
La disposición a la que hizo referencia el secretario de Estado apunta a que las AFP estarán obligadas a indemnizar a los fondos que administran por los perjuicios directos que causen como consecuencia de la ejecución u omisión de cualquiera de las actuaciones a las que se refiere el artículo 147 del mismo cuerpo legal.
Fue sobre este apartado en que basó el procedimiento sancionatorio que inició la Superintendencia de Pensiones la semana pasada en contra de las AFP y trata de que estas deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos que administran.
El artículo 149 también pone el foco en la responsabilidad solidaria de los responsables.
“La Superintendencia podrá entablar en beneficio del fondo, las acciones legales que estime pertinente para obtener las indemnizaciones que correspondan a este, en virtud de la referida obligación”, agrega el artículo.
“Es importante distinguir las pérdidas que pueden resultar de los riesgos propios de los mercados financieros de aquellas que pudieran ser consecuencia de actuaciones negligentes o contrarias a la legislación. Y esa es precisamente una de las cuestiones que debe esclarecer la investigación de la Superintendencia de Pensiones”, dijo Rau.
“Nuestra legislación contempla mecanismos de responsabilidad patrimonial”, dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.
Intervenciones parlamentarias
Los senadores hicieron varios comentarios a los invitados por el retroceso que sufrieron los fondos.
La senadora Núñez (RN) valoró el proceso sancionatorio que abrió el regulador y pidió al ministro Rau que elabore un informe, en un plazo de 30 días, que aborde tres dimensiones: las causas de los resultados de los fondos y sus efectos; los riesgos que persisten; y las medidas para enfrentarlos.
“Debe permitir que los afiliados se informen y que el Congreso evalúe las correcciones legislativas que correspondan. En paralelo, las investigaciones deben desarrollarse con independencia y respeto del debido proceso. Si se acreditan incumplimientos que causaron perjuicios, deberán hacerse efectivas las responsabilidades y reparaciones que establezca la ley”, señaló.
Por su lado, el senador Pedro Araya (PPD), fue muy crítico con las AFP. “Una cosa es perder recursos por circunstancias imprevisibles del mercado y otra muy distinta es asumir riesgos que pudieron ser advertidos, comprometiendo los ahorros de las personas que estaban buscando seguridad”, manifestó.
Contraloría entra a escena
Otro actor se sumó al caso fue la Contraloría General de la República.
Luego de que la bancada de diputados de la DC oficiara a la entidad para que investigue las caídas en el fondo E, la entidad le otorgó un plazo de 10 días a la Superintendencia de Pensiones para que entregue un informe sobre cómo se efectúo el rol de vigilancia que tienen sobre el actuar de las administradoras y de las decisiones de inversión que estas realizaron.
De acuerdo con un oficio del organismo encabezado por Dorothy Pérez, ese reporte “deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”.
Además, indicó que se deben remitir todos los antecedentes necesarios para resolver de manera adecuada la presentación.
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