Un rol más fuerte y e independiente por parte de la fiscalía, y una autonomía de los ciclos políticos son, a juicio del economista jefe de Banco Santander, Pablo Correa, los principales beneficios del proyecto con el que Hacienda espera convertir la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en una Comisión de Valores.
A juicio de Correa -quien fuera asesor de Mercado de Capitales de Hacienda, y que participó activamente en el desarrollo del proyecto-, el hecho de crear una unidad fiscalizadora, “que en el fondo será una especie de ministerio público”, genera mayor transparencia en el ámbito sancionatorio.
- ¿Qué cambios específicos se introducirán con esa figura, ya que hoy el regulador ya tiene un fiscal?
- La unidad será autónoma, y estará a cargo de un fiscal que no tendrá por jefe a la Comisión. Él decidirá qué investigaciones hacer, y luego de realizarla la llevará al consejo, siendo esta entidad un jurado, que además no ha sido parte de la investigación. Además, solamente el fiscal podrá iniciar la investigación, por su propia iniciativa o por petición del consejo.
- ¿Qué otro grado de autonomía implica el proyecto?
- La SVS, a diferencia de la Superintendencia de Bancos y la de Pensiones, puede iniciar un proceso contra personas, porque las infracciones a la Ley de Mercado de Valores son contra personas. Lo que se criticaba, creo que con justa razón, es que todo el poder de iniciar investigaciones, llevarlas a cabo y resolver las contenía el superintendente. Y de un punto de vista de responsabilidad administrativa, las personas en la unidad de fiscalización tienen por jefe al regulador.
Ahora ese poder se entrega a cinco personas, uno que será el jefe de servicio con poder de veto, que será el presidente del consejo, pero que comparte atribuciones entre otros miembros que supuestamente representarán el equilibrio político del Senado, manteniendo además la diferencia con el ciclo presidencial. Con eso, se evita una discusión como la que hubo a raíz de las acciones emprendida por Guillermo Larraín en el caso LAN durante la campaña presidencial.
- ¿Qué otros cambios destacaría?
- Hay dos cosas que hoy se hacen por buena voluntad, pero me parece que es bueno que quede fijado en la ley. Por un lado, se obliga a la Comisión a hacer una rendición de cuenta anual, tal como el Central que debe concurrir al Congreso a rendir cuentas, y está bien que así sea porque si tiene ese nivel de autonomía debe dar explicaciones a alguien.
Por otra parte, hoy la SVS pone las normas en consulta, pero no porque está obligada legalmente sino porque ha entendido que debe hacerlo para cumplir con ciertos compromisos que ha firmado con IOSCO. Junto con ello, hay poca evaluación del impacto que las modificaciones normativas pueden generar sobre el mercado de capitales. Y eso es rendición de cuentas al final del día.
- También se buscan mayores atribuciones normativas, ¿por qué?
- Hay muchos elementos que están en la ley con mucho detalle, y que se han estado cambiando a cada rato a través de los MK. De alguna forma el Congreso ha dicho que no entregará leyes flexibles a un cuerpo que es unipersonal y nombrado por el presidente de la República. Lo que se busca es dar más atribuciones a este cuerpo, independiente y representativo, para que pueda cambiar mediante normas, elementos que hoy están en la ley.
- ¿En qué aspectos específicos?
- Por ejemplo con los límites de inversión. Algo parecido se hizo con el decreto 3.500 de Pensiones, con la reforma de 2008 sólo se dejaron elementos básicos, y para establecer el régimen de inversión se creó un Consejo Técnico donde está la industria, el Banco Central, académicos y el regulador.
- ¿Cuánto durarían los consejeros?
- En un principio tendrían tiempos distintos para ir adecuándose a los gobiernos hasta entrar en régimen.
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