Grecia se ha visto obligada a ampliar nuevamente el plazo límite para completar la quita de parte de su deuda por la oposición a participar en ella de una minoría de tenedores de bonos griegos emitidos bajo ley extranjera.
"La República extiende el periodo del fin de plazo de su oferta hasta las 21.00 (CET) del 20 de abril de 2012", explicó el ministerio de Finanzas en un comunicado a sus acreedores publicado anoche.
Se trata de la segunda vez que Atenas tiene que posponer el plazo ante la negativa de los bonistas a deshacerse voluntariamente de parte de su deuda, pues ya anteriormente aplazó el cierre de la oferta del 23 de marzo al 4 de abril.
El plan de la quita, oficialmente conocido como Participación del Sector Privado (PSI, por sus siglas inglesas), supone la sustitución de parte de los bonos griegos por otros a algo menos de la mitad de su valor, de modo que la deuda helena sea más sostenible.
En total se reestructuran 206.000 millones de los más de 360.000 millones de euros a los que asciende la deuda griega.
El proceso se hace en dos partes: por un lado, los bonos emitidos bajo soberanía griega, que suponen 177.000 millones de euros, y por otro, unos 29.000 millones de euros en títulos helenos bajo legislación británica, estadounidense, japonesa, francesa y suiza, así como una parte más pequeña en títulos emitidos por empresas estatales griegas.
Los 177.000 millones de euros ya han sido canjeados por los bonos depreciados pues el plazo culminó el pasado día 8 de marzo.
Un 85 % de esos tenedores de bonos aceptaron acogerse a la quita de forma voluntaria y el resto fue también obligado a participar en el canje a través de activación de las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).
Sin embargo, en el caso de los bonos bajo legislación extranjera, el gobierno griego no tiene potestad para utilizar las CAC, por lo que ha debido dar más tiempo para que el número de participantes sea mayor.
En su comunicado, el ministerio de Economía informó de que los tenedores de 20.200 millones de euros en bonos griegos bajo legislación extranjera sí han aceptado la oferta, aunque esta cifra ya se había avanzado a principios de marzo, lo que significa que las sucesivas negociaciones mantenidas desde entonces con los acreedores que poseen los restantes cerca de 9.000 millones no han sido fructíferas.
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