El próximo 10 de octubre se vence el plazo legal para que la defensa de Julio Ponce presente sus descargos a la Superintendencia de Valores y Seguros, por los cargos formulados en su contra, así como otros tres ejecutivos de las sociedades cascada. Sin embargo, los tiempos son estrechos. Si bien el equipo sostiene que las suposiciones de la autoridad no tienen fundamentos, se estaría evaluando qué hacer con dicho plazo, lo que podría implicar pedir una prórroga.
Al equipo liderado por Raimundo Labarca, de Vergara & Labarca, en el que también participa Jorge Bofill, se suman analistas y economistas que están revisando la serie de operaciones a través de las cuales el regulador pretende configurar un comportamiento que, según los cargos que levantó, atentan contra el interés social de las cascadas.
El pasado 10 de septiembre, la SVS presentó cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán y Patricio Contesse Fica, por su “presunta responsabilidad en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente, durante los años 2009, 2010 y 2011, que permiten presumir la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM”.
Ello, dijo la SVS en la oportunidad, constituiría infracciones a la Ley de Mercado de Valores, y la Ley de Sociedades Anónimas.
Los argumentos
Una de las operaciones que cuestiona el regulador es, precisamente, parte de aquellas que Moneda cuestionó en un informe.
En 2009, se remató en bolsa acciones equivalentes al 20% de Oro Blanco, acciones que correspondían a la parte de del aumento de capital que Norte Grande no pudo suscribir. Dicho porcentaje fue adquirido por Inversiones del Sur, firma relacionada a Ponce, junto a otros inversionistas institucionales.
Dichas acciones compradas por la sociedad ligada a Ponce, luego fueron compradas y devueltas a las cascadas, a un precio levemente superior.
Justamente ese hecho, explican cercanos a Ponce, forma parte de una serie de transacciones en que la SVS no se ajustó a los hechos en que efectivamente se circunscribieron.
Según información de la época, en dicho periodo la crisis subprime había complicado al empresario. Banco de Chile había exigido que Oro Blanco pagara un crédito de US$ 100 millones que estaba a punto de vencer, por lo que necesitaban recaudar fondos. A ello, se suma que en 2008, S&P puso un negative credit watch (una revisión con perspectivas negativas) a Calichera por su bono por US$ 250 millones, pues según la agencia el nivel de endeudamiento aguas arriba era elevado.
Por ello, justamente, Norte Grande no suscribió el aumento de capital.
El interés social
Decenas de operaciones forman parte de la argumentación de la SVS que sustenta el levantamiento de cargos, en un expediente que suma 330 páginas y que se inicia con el aumento de capital de Pampa Calichera en 2008. Sin embargo, cercanos a Ponce explican que, ejemplos como el anterior, tienen sus fundamentos en las distintas situaciones económicas por las cuáles atravesaron las empresas de la cadena de control de SQM a través del tiempo.
Lo anterior explicaría muchas de las operaciones cuestionadas, en donde aparece que se vende “barato” para meses después comprar “caro”, siempre con miras a mantener sus posiciones en SQM.
Por ello, no habría lesión al interés social, ya que en muchos casos estas transacciones podrían haber evitado incluso caer en default.
Operaciones en bolsa
Entre 2008 y 2011, periodo que investigó la SVS, se realizaron alrededor de 40 operaciones de colocaciones de acciones de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera que sumaron
US$ 4.054 millones, y que implicaron importantes cambios en la propiedad de las cascadas.
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