Por José Manuel Duarte
Créditos sociales. Vacaciones. Conciertos, eventos y descuentos. Convenios con instituciones de salud y educación. Los beneficios que pueden obtener tanto trabajadores como pensionados -especialmente estos últimos- de las cajas de compensación son múltiples y acumulan años de uso por parte de ellos. Sin embargo, recientes denuncias, tanto de usuarios como de parlamentarios, han hecho que se cuestione incluso si existe un real ánimo de beneficencia en estas instituciones.
La polémica se centró principalmente en las malas prácticas en que estarían incurriendo las cajas, que ante una regulación relativamente laxa aprovecharían de entregar créditos que se convierten en una carga significativa para personas con rentas bajas, especialmente adultos mayores sin grandes conocimientos financieros. Es que si bien los montos nominales de los préstamos son bajos, terminan representando 40%, 45% y hasta 50% de las pensiones, según ha dicho la ministra del Trabajo.
Desde el Congreso también han arreciado las dudas hacia el sector: mientras el diputado Felipe Harboe (PPD) ha sido un permanente crítico del operar de las cajas, su par de la UDI Gustavo Hasbún solicitó ya en noviembre pasado a la Contraloria analizar esta industria, asegurando la necesidad de investigar las reinversiones de sus excedentes que hacen las firmas del sector. “Hay que saber si éstas corresponden a un plan de inversión anual o si solamente son planificaciones en el corto plazo para disfrazar la no reinversión de las ganancias obtenidas”, afirmó Hasbún en su momento.
Investigación y nuevas reglas
Parte de las críticas al parecer tenían sustento, ya que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) comenzó una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades de caja Los Héroes en irregularidades en el otorgamiento de créditos, cuyos resultados se espera se den a conocer en los próximos días.
Tras la denuncia, Cajas de Chile -la asociación gremial del sector- decidió desafiliar a Los Héroes, en una medida “coherente con su política de autorregulación”, según dijeron.
Es en este escenario que esta semana el Ministerio del Trabajo y la Suseso emitieron una circular que restringe fuertemente los montos máximos de las cuotas en que pueden incurrir los solicitantes en estas instituciones, entre otras medidas para evitar el sobreendeudamiento especialmente de los pensionados.
Con ello, según fuentes de esta industria, se admitió tácitamente que la regulación que regulaba los créditos sociales necesitaba una actualización urgente.
Y aunque las autoridades dijeron que ello no respondía a las denuncias, sí hicieron un llamado a “desincentivar malas prácticas en el otorgamiento y renegociación de los créditos sociales”.
Descuentos por planilla
Aunque según Cajas de Chile este año las colocaciones de créditos de consumo se han reducido en 32%, igualmente son significativas. Con un monto que a febrero de 2012 llega a US$ 519 millones, repartidos entre más de 490.000 préstamos, el crédito de consumo representa por lejos la mayor cantidad de operaciones de este tipo que realizan las cajas.
Y se trata de un financiamiento casi sin riesgos, ya que las cuotas se descuentan de la pensión o de los sueldos. Por ello, otros oferentes de crédito -que también quisieran acceder a esa fórmula- estiman que las tasas que ofrecen deberían ser más bajas.
Gran parte de este mercado está en manos de Los Andes, firma vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción. Por lo demás, muchas veces los trabajadores no tienen conocimiento de su afiliación, ya que el contrato se realiza entre el empleador y la caja, para luego ratificarse por los eventuales afiliados.
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