Una reforma significativa en la estructura de los organismos reguladores, tanto financieros como del área de telecomunicaciones y otros, es la que propone el instituto Libertad y Desarrollo (LyD). El objetivo es aumentar la independencia de estas entidades y mejorar así su capacidad reguladora. Esta reestructuración se lograría, según el think tank, a través del financiamiento mixto de sus actividades y con liderazgo a través de cuerpos colegiados.
El motivo por el que LyD sugiere esta reforma se basa en los cambios que se han dado en los mercados regulados. Esto porque la estructura sobre la que se creó las superintendencias proviene de la década de los 80 y en la actualidad se estaría quedando atrás.
Uno de los autores del documento, José Francisco García, explica que la idea es pasar desde lo que se tiene actualmente, en que se ve una oposición entre los reguladores y los regulados, a una estructura triangular con el Estado, el mercado regulado y las entidades reguladoras en cada vértice.
En opinión de García -que presentará esta semana el texto en el encuentro anual de la Sociedad de Políticas Públicas-, “el regulador debe ser fuerte”, de tal manera que sus funciones se realicen sin influencias significativas ni de los agentes sobre los que actúa ni de los vaivenes políticos. “Un modelo similar al que actualmente tiene el Banco Central”, apunta el academico, el que podría replicarse en otras agencias.
Lineamientos del modelo
El texto, elaborado por García en conjunto Luis Cordero para LyD, ahonda en los requisitos para que una entidad reguladora se configure como una agencia independiente: neutralidad política, especialización técnica y eficacia. Para avanzar LyD propone, entre otras medidas, que el financiamiento provenga tanto del Estado -por la Ley de Presupuesto- como del mercado. Actualmente, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) posee este modelo, pero es la excepción entre los entes reguladores del país.
Otro de los cambios que el estudio considera esencial es que se pase de una autoridad muy centralizada a un ente colegiado. Según García, esto permitiría la “deliberación razonada” de las decisiones que tomen las agencias. En la misma línea, se sugiere que la elección de las autoridades sea a través de un mecanismo que involucre tanto al Congreso como al Ejecutivo y que éste tenga facultades limitadas de remoción.
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