La Organización Mundial del Comercio (OMC) alertó ayer sobre el aumento en el uso de restricciones de tipo no arancelario en el régimen comercial de Argentina y sobre “cierta opacidad” en las políticas del gobierno, a causa de la “aparente falta de transparencia” en la aplicación de algunas medidas.
Así lo destaca el informe que la OMC preparó para debatir esta semana en el marco del cuarto examen de las políticas y prácticas comerciales de la nación trasandina, correspondiente al período 2006-2011, en el que también se analiza un documento de la administración K.
El examen, al que se someten periódicamente todos los países miembros de la OMC, llega en un momento en el que Argentina está en el ojo del huracán, acusada por varios socios de aplicar medidas de restricción al comercio, principalmente a través de licencias para la importación, supuestamente contrarias al espíritu de este organismo.
El organismo señala que los procedimientos de importación en Argentina sufrieron algunos cambios con la introducción en febrero de 2012 de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) para todas las importaciones para consumo y la eliminación de la Licencia Automática Previa de Importación (LAPI) a partir de septiembre de 2012.
Además, agrega, para importar determinados productos “aún se exige la inscripción del producto y/o del importador en un registro específico, lo que fue denunciado por varios países”.
Según la OMC, la protección arancelaria a partir de 2006 aumentó, desde un promedio aritmético del arancel de nación más favorecida (NMF) del 10,4% en 2006 al 11,4% en 2012.
Argentina es uno de los países miembro de la OMC que más recurre a medidas antidumping, es decir, a tarifas que gravan las importaciones de un producto cuyo precio de exportación es inferior a lo que se considera como su “valor normal” (generalmente, el precio del producto en el mercado interno del país exportador).
La OMC subraya también que a pesar de que uno de los objetivos de la política argentina es promover las exportaciones, “su régimen comercial impone mecanismos para controlarlas para así asegurar el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios”.
“También continúa aplicando derechos de exportación, que se utilizan como un instrumento para atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos, especialmente en lo relativo a productos esenciales de la canasta familiar y como medida de carácter fiscal para financiar el gasto público”.
La visión de la administración K
El gobierno de Buenos Aires expuso, por su parte, que en el período objeto de examen profundizó el modelo de crecimiento económico con inclusión social y mejora de la competitividad.
Eso se basó en un afianzamiento del desarrollo productivo “mediante una mejora sustentable y genuina de la competitividad, a partir de la generación de empleo de calidad y la favorable evolución de las condiciones de vida de la población”.
El crecimiento sostenido de las exportaciones permitió, a su vez, “generar un superávit comercial que favoreció el equilibrio de la balanza de pagos y la sustentabilidad de la política económica”.
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