La presencia de Argentina en el G20 –el foro de las principales economías mundiales– está en entredicho. Su expulsión podría ser uno de los objetivos diplomáticos de España -que no pertenece al selecto club- tras la nacionalización de la petrolera YPF, filial de la española Repsol.
“¿Por qué no expulsar a un país que roba, como Argentina, del G-20?” preguntó ayer el Wall Street Journal. Financial Times mencionó que en la reciente Cumbre de las Américas ya hubo rumores en ese sentido.
El canciller del Reino Unido, William Hague, acusó a Buenos Aires de “ir contra todos los compromisos que ha hecho en el G20 para aumentar la transparencia y disminuir el proteccionismo” y exigió que respete “sus compromisos y obligaciones internacionales”.
Pero la presidenta Cristina Fernández “no es alguien que reconozca las cortes internacionales”, advirtió WSJ. “Una mejor forma de enviar un mensaje a Buenos Aires sería que los países civilizados del mundo expulsen a Argentina del G-20”.
La duda es qué tan posible es esto en vista de que otros países del G20 poseen sus propias petroleras estatales.
España, por su parte, sigue evaluando medidas contra Argentina. El portavoz de Asuntos Exteriores del gobernante Partido Popular, José María Beneyto, mencionó ayer “la posibilidad de que las importaciones importantes para Argentina como la soya o el bioetanol se eliminen”. Además, hoy la vicepresidenta de gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se entrevistará con la Comisión Europea en una reunión donde el tema central será YPF.
La Moncloa además presentará en la reunión de ministros europeos de Exteriores del próximo lunes una solicitud para que la UE eleve una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio. La OMC estudia formar un panel para recoger todas las denuncias contra Argentina y aplicar medidas de retorsión.
Ayer el Parlamento Europeo censuró la decisión argentina y pidió que la UE active “todas las medidas posibles” como represalia por lo que considera un problema de todos los estados miembros y no únicamente de España. Conservadores, socialistas y liberales criticaron la decisión del gobierno argentino.
Por su parte, la Casa Blanca se sumó al debate ayer al señalar que las políticas de Argentina “crean un clima muy negativo para la inversión”.
En tanto, las empresas españolas ya están reaccionando. La tecnológica N2S, cuya facturación anual ronda los 2,2 millones de euros, canceló sus planes de expansión en Argentina, que ya estaban avanzados, debido a la “incertidumbre jurídica”.
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