El Gobierno español está perfilando un plan de acción frente a la expropiación de YPF a Repsol por parte del Ejecutivo argentino. No se han dado los detalles, pero la respuesta incluye medidas de carácter "diplomático, comercial, industrial y energético".
Así lo ha declarado hoy el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ha asegurado también que estas medidas se anunciarán en los próximos días.
1-Medidas comerciales
El Gobierno español podría tomar alguna decisión en el ámbito comercial. Hay que recordar que los intercambios entre ambos países mueve más de 3.000 millones de euros, de los que dos terceras partes suponen importaciones argentinas en España (soja, carne o derivados del petróleo).
Por ello, el gobierno podría actuar cerrando la entrada al mercado español de determinados productos argentinos.
2- La soja en el punto de mira
De hecho, según informa hoy El Mundo, España podría frenar las importaciones de aceite de soja, que suponen para el país presidido por Cristina Fernández de Kirchner unos ingresos de 750 millones de euros anuales.
Según asegura el diario, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene preparada la orden ministerial contra el aceite de soja, que se utiliza para la elaboración de biocombustibles. De esta forma, se daría prioridad a la producción de compañías españolas como Acciona o Abengoa.
3-Acciones diplomáticas
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado el primer movimiento diplomático al convocar hoy martes al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini.
El ministro José Manuel García-Margallo recibirá hoy en el Palacio de Santa Cruz para abordar la decisión de Cristina Fernández de Kirchner.
De momento, se desconoce cuáles serán las acciones concretas del Gobierno a este nivel, que ha asegurado no tener nada en contra del pueblo argentino pero sí que ha mostrado su enfrentamiento abierto contra su Ejecutivo.
4- Movimiento para denunciar la inseguridad jurídica
El presidente Mariano Rajoy podría aprovechar su presencia en la reunión del G20 en México para realizar una denuncia internacional de la inseguridad jurídica que reina en Argentina. Una inseguridad que puede perjudicar gravemente futuras inversiones en el país de Kirchner.
5- Las medidas no se abordarán en caliente
El Ejecutivo ha explicado que no quiere adoptar su estrategia de respuesta en caliente para no perjudicar a otras empresas españolas con presencia en Argentina (como Telefónica, Gas Natural, Mapfre, Santander Río, BBVA, OHL o ACS, entre otras).
Sólo las grandes compañías del Ibex con presencia en el mercado argentino suman un volumen de negocio de 20.000 millones anuales en ese mercado.
De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha dicho que el detalle de las medidas no se conocerá hasta el viernes. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que el ministro de Industria, José Manuel Soria, comparecerá la próxima semana en el Congreso, previsiblemente el martes, para informar de las actuaciones del Gobierno ante el "gesto hostil" de Argentina de nacionalizar YPF, filial de Repsol, una acción que a su juicio requiere una respuesta "contundente".
6- Bruselas no tiene herramientas legales para responder
La Unión Europea no dispone de ningún instrumento jurídico para intervenir en el conflicto bilateral entre España y Argentina. De esta forma, el papel de Bruselas se reducirá a mandar mensajes contundentes al Gobierno de Kirchner y al juego diplomático. Ayer ya se lanzó el primero: "Una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores -nacionales e internacionales- y podría dañar seriamente el clima empresarial en Argentina", señaló el portavoz europeo de Comercio, John Clancy.
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