La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, reanudó hoy su comparecencia ante los jueces de París que investigan su gestión, cuando era ministra, de un controvertido litigio con un empresario que le podría llevar a su imputación.
Lagarde, por segundo día consecutivo, llegó en torno a las 8.15 locales a la sede del Tribunal de Justicia de la República, el único habilitado para juzgar a aforados como ella por hechos relativos a sus funciones de titular de Finanzas.
Ayer ya estuvo allí durante más de doce horas para explicarse ante los tres magistrados instructores sobre su opción en 2007 por un tribunal arbitral privado para resolver el contencioso que desde hacía una docena de años enfrentaba al Estado francés con el empresario Bernard Tapie.
Se espera que cuando concluya la declaración, la directora del FMI haga una breve declaración a la prensa tanto en francés como en inglés, cuyo contenido dependerá del estatuto que le impongan los magistrados, que podría ser la imputación por complicidad en falsificación y malversación de fondos públicos.
Se investiga si la que fuera ministra del presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy (de quien era un buen amigo Tapie), optó por el mecanismo de arbitraje y renunció a recurrir a los tribunales ordinarios en contra de los intereses públicos para favorecer al controvertido empresario.
Ese procedimiento se tradujo, en 2008, en una indemnización de 403 millones de euros que tuvo que pagar el Estado francés a Tapie porque los árbitros -sobre cuya parcialidad también hay dudas- estimaron que el entonces banco nacionalizado Crédit Lyonnais no actuó de forma leal con ese hombre de negocios tras el préstamo que le dio para comprar la marca Adidas, de la que le despojó.
Según los medios franceses, Lagarde presentó ayer a los jueces diversos documentos que supuestamente probaban que diversos gabinetes de abogados de negocios le habían aconsejado el arbitraje, aunque sus técnicos en el Ministerio eran contrarios.
La actual directora del FMI siempre ha sostenido que no recibió presiones del Elíseo para decantarse por el arbitraje, que le parecía el mejor mecanismo para resolver un contencioso que se arrastraba desde mediados de los años 1990.
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